La compra de vacunas se dilata por acciones persistentes contrarias al Derecho Internacional y que ponen en entredicho la preservación de la vida.
REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Por: Roberto Morejón
La prensa corporativa presenta un panorama desolador de la situación en Venezuela, sin aludir o restando magnitud al impacto de las sanciones estadounidenses y de la Unión Europea.
El objetivo es atribuirle al gobierno toda la responsabilidad por las privaciones que la población sufre, ilustradas con las dificultades de Caracas para adquirir vacunas contra la COVID-19.
Con mucho tesón, las autoridades del país sudamericano acopiaron más de 100 millones de dólares para pagar una partida de inyectables, amparados por el sistema COVAX, de la Organización Mundial de la salud.
Sin embargo, el último tramo del abono financiero, ascendente a 10 millones de dólares, está bloqueado porque los bancos “tienen que investigar” su procedencia, según arguyen.
Se trata de un reflejo de las trabas al sistema financiero venezolano derivadas de las sanciones que desde el frustrado golpe de estado de 2002 aplica Estados Unidos.
El expresidente estadounidense Donald Trump firmó durante su mandato seis decretos que impiden a Venezuela negociar de manera soberana su deuda externa.
Las disposiciones bloquean el acceso del gobierno y de la industria petrolera a las necesarias fuentes de financiamiento.
Según cifras de fines de 2020, más de 7 mil millones de dólares de Venezuela han sido bloqueados desde 2014 en 40 bancos internacionales.
La inmovilización de los activos se añade a las pérdidas que las sanciones ocasionaron a Venezuela, sobre todo a partir de afectaciones a su industria petrolera, y cuyo monto se sitúa en más de 130 mil millones de dólares.
Por supuesto, la detención de fondos bancarios castiga el tesoro público venezolano hasta mermar las posibilidades de compra de alimentos, medicinas y ahora vacunas.
Las consecuencias han sido narradas por la relatora de Derechos Humanos de la ONU , Alena Douhan, cuyo informe final se presentará en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos.
Dounhan, quien visitó la nación sudamericana, destacó que las restricciones financieras por las causas apuntadas frenan la tramitación de piezas de recambio imprescindibles.
A pesar de las precisiones de la visitante, las sanciones multilaterales gravitan aun sobre los venezolanos, luego del cambio de administración en Washington.
La compra de vacunas se dilata por acciones persistentes contrarias al Derecho Internacional y que ponen en entredicho la preservación de la vida.
