Por María Josefina Arce
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Un Código de Familia que refleje las transformaciones que ha experimentado en los últimos años la sociedad cubana y que tribute a la construcción de un país más justo e inclusivo es el compromiso de las autoridades de Cuba.
En ese camino continúan los debates sobre el anteproyecto que desde el miércoles último involucra a entidades públicas y privadas vinculadas al derecho familiar.
En esta etapa se intercambia con representantes de los Ministerios de Educación, Educación Superior, Salud Pública y Justicia, así como con instituciones religiosas y facultades de la Universidad de la Habana como la de Derecho, Comunicación y Filosofía e Historia.
Este proceso se extenderá durante todo este mes de octubre y también tendrá en cuenta, como es habitual en la Mayor de las Antillas, las opiniones y sugerencias de la población para lo cual se ha puesto a disposición de todos el documento y un correo electrónico para hacer llegar los criterios.
Tener un Código fortalecido y abarcador, como afirmara el presidente Miguel Díaz Canel, es el objetivo de estos intercambios que son hoy prioridad de una sociedad que aspira a perfeccionar su modelo de justicia social.
La versión 22 del Anteproyecto regula los derechos reconocidos en la nueva Constitución proclamada en abril de 2019, tras un exhaustivo análisis por la ciudadanía y refrendada en plebiscito popular por cerca de 87% de los cubanos que votaron en esa histórica jornada del 24 de febrero de hace dos años.
Este nuevo texto hace énfasis en el derecho de toda persona a constituir una familia, a que se respete el libre desarrollo de su personalidad, la intimidad y su proyecto de vida familiar y personal.
De gran trascendencia es que se reflejan las prerrogativas de niños y jóvenes a ser escuchados en el seno familiar, que debe garantizar las condiciones necesarias para su buen desarrollo físico y emocional.
Respecto a las féminas, el documento, afirman los expertos, contiene la esencia y el accionar de la fundadora de la FMC, Federación de Mujeres Cubanas, Vilma Espín, quien defendió el derecho de ese segmento poblacional a ocupar el lugar que le corresponde en la sociedad.
La violencia familiar basada en el género, contra niños y adolescentes, adultos mayores y en situación de discapacidad está igualmente incluida en el anteproyecto, que subraya que quien emplee cualquier tipo de violencia debe responder conforme a lo establecido en la legislación familiar y penal.
El Código de Familia aprobado en 1975 potenció las acciones del estado en pos de la igualdad entre sus miembros y sentó el precedente para continuar trabajando en aras del bienestar de la familia cubana. Por eso se hace necesario un nuevo documento que tenga en cuenta los cambios que se han ido registrando y estén además, acorde con la Constitución.
