Por Guillermo Alvarado

La comunidad rohingya, el cuatro por ciento de la población de Myanmar, es sujeto de una permanente
campaña de odio.

La justicia federal de Argentina dio un paso histórico al aceptar una demanda para sancionar, bajo el principio de la persecución universal de los crímenes de lesa humanidad, a los autores del genocidio contra la comunidad rohingya, perpetrado en Myanmar, antigua Birmania.

Este grupo étnico está considerado por la Organización de Naciones Unidas como el más perseguido del mundo, pero también sufre el olvido y el silencio generalizados porque en la comunidad internacional se ignoran todas las atrocidades de que sus miembros son víctimas.

Representan el cuatro por ciento de la población de Myanmar, de 60 millones de habitantes, sin embargo se les niega el derecho a la nacionalidad, carecen de documentos oficiales de identidad, no pueden ser propietarios de su vivienda y están confinados en el estado de Rakhine, en el norte del país.

Son sujetos de una permanente campaña de odio, incrementada ahora por el uso de las redes sociales y periódicamente el ejército, la policía y otros grupos los atacan, destruyen sus escasos bienes y los obligan a huir.

Una de las ofensivas más grandes ocurrió en 2017 y produjo 25 mil muertes, 19 mil mujeres y adolescentes violadas y 800 mil tuvieron que refugiarse en la vecina Bangladesh donde aún permanecen en condiciones infames.

La Corte Penal Internacional realiza una investigación sobre estos hechos, pero se limita a los crímenes cometidos en la frontera con Bangladesh.

Por esa razón la Burmese Rohingya Organization, con sede en Londres, decidió acudir a Argentina que tiene una larga tradición en aplicar el principio de la justicia internacional, explicó al diario Página 12 el presidente de esa entidad y autor de la denuncia, Maung Tun Khin.

Aseguró que durante décadas, los sucesivos gobiernos de Myanmar han tratado impunemente de acabar con los rohingya como pueblo.

“La justicia –dijo- es la única forma de romper el ciclo de violencia y, dado que Myanmar no quiere ni puede investigarse a sí mismo, la comunidad internacional debe intervenir".

El origen de los rohingya se pierde en los meandros de la historia, pero la versión más aceptada es que son descendientes de comerciantes árabes que se mezclaron con la población de la zona hace algunos siglos.

De hecho, practican la religión musulmana en un país declarado oficialmente como budista, lo que es otra razón para que se les persiga y discrimine.

Se trata de una muestra más de cómo la ignorancia, la intolerancia y el odio irracional a lo que es distinto, a lo diferente, pueden conducir a tragedias que nos avergüenzan como especie, no importa el lugar donde se produzcan.