Imagen ilustrativa tomada de Archivo/RHC

Por María Josefina Arce (RHC)

El tema de  los derechos humanos es uno de los preferidos por la derecha, apoyada por Estados Unidos y países aliados para atacar a Venezuela.

Despiadada e infame ha sido la campaña de descrédito desarrollada, en la que convenientemente se dejan de lado las limitaciones que imponen las sanciones económicas contra la nación suramericana, aprovechadas por la oposición para incitar a acciones violentas.

 Sin embargo, el gobierno del presidente constitucional, Nicolás Maduro, siempre ha evidenciado su compromiso con los acuerdos internacionales en esta rama y su disposición de colaborar con los organismos existentes, sobre la base del respeto y la no injerencia.

Así quedó de manifiesto en noviembre pasado durante la visita a territorio venezolano del Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para  concluir el examen preliminar en torno a supuestas violaciones de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones de 2017, promovidas por la oposición.

Un informe de la Red de Apoyo Por la Justicia y la Paz reveló que la mayor parte de las víctimas de la violencia opositora era ajena a las acciones de alteración del orden, que se registraron fundamentalmente en territorios con autoridades locales de la derecha.

Durante la visita de Khan, aunque hubo diferencias de opinión, ambas partes ratificaron el compromiso a colaborar activamente, establecer con ese fin mecanismos más eficaces y facilitar el efectivo desempeño del mandato de la CPI, Corte Penal Internacional, en territorio venezolano.

Pero Caracas ha sido objeto de una nueva acción en su contra, ahora para impedir el cumplimiento de su compromiso.

La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez (en la foto) señaló que los Países Bajos obstaculizó el traslado de una delegación de su país a La Haya para una reunión el martes último con Khan, tal y como se había acordado en el Memorando de entendimiento firmado entre Caracas y la CPI.

Foto: Archivo/RHC

Rodríguez precisó que el gobierno de Países Bajos puso condiciones de imposible cumplimiento, violando todos los acuerdos. Pero, enfatizó, el país suramericano interesado en cumplir con sus compromisos internacionales solicitó efectuar el encuentro en otro territorio.

Venezuela enfrenta una campaña mediática en medio, además, de un asedio económico que afecta el bienestar de la población. Los sectores de la salud y alimentario han sido de los más golpeados.

La política hostil de Estados Unidos, secundada por países aliados, ataca los logros de la  Revolución Bolivariana como el acceso universal y gratuito a medicamentos costosos para tratar enfermedades raras, la vacunación y la alimentación.

Como resultado de ese cerco económico, mantenido en medio de la COVID-19, Venezuela se vio imposibilitada de pagar vacunas para su población a la Organización Panamericana de la Salud.

Las medidas coercitivas han impactado en todos los programas sociales, que aún con las dificultades y limitaciones se han mantenido con un gran esfuerzo y voluntad política del gobierno.

La realidad es que Venezuela es objeto de crímenes de lesa humanidad y de una campaña de descrédito, como parte del plan para derrocar al gobierno constitucional de Maduro y poner en su lugar a un títere de Estados Unidos.