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Por María Josefina Arce.

Cuatro meses se han cumplido ya  de la destitución del presidente Pedro Castillo, elegido democráticamente en las urnas, y la crisis política y social continúa dominando el panorama del Perú, escenario desde el pasado 7 de diciembre de protestas fuertemente reprimidas.

Dina Boluarte, juramentada como presidenta por el Congreso para completar el actual periodo de gobierno hasta 2026 y hasta ese momento vicepresidenta, no logra asegurar la estabilidad en territorio peruano y pesa sobre su responsabilidad y la de su ejecutivo la muerte de unos 60 manifestantes.

De hecho la actual mandataria compareció en marzo último ante la Fiscal General de la nación, Patricia Benavides, en el marco de la investigación por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra los participantes en las protestas. Lo cierto es que hasta el momento no ha sido llevado a juicio ni un solo responsable intelectual y material de esas muertes.

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores, Rohel Sánchez, y representantes de la iglesia católica, así como familiares de las víctimas demandan que no queden impunes esos crímenes.

Por demás, se han producido centenares de arbitrarias detenciones, intervención de locales de organizaciones campesinas y de partidos políticos e incluso se ocupó militarmente la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima, la capital.

Los manifestantes han visto en todo este tiempo ignorados sus reclamos: la liberación de Castillo, quien cumple  36 meses de prisión preventiva por supuestos delitos de corrupción, negados por el ex mandatario que afirma estar "secuestrado injustamente". 

 La mayoría de los peruanos pide fundamentalmente  la renuncia de Boluarte, la convocatoria de nuevas elecciones y de un referendo para una asamblea constituyente en el menor tiempo posible.

Pero Boluarte se niega a dejar el cargo al que accedió tras la destitución y detención de Castillo, al tiempo que no prospera en el Congreso un acuerdo para  el adelanto de los comicios y abrir el camino para poner fin  a la actual crisis que sacude al país.

El órgano legislativo fragmentado, pero con el poder de promover votaciones de vacancia por supuesta incapacidad moral, es rechazado sin embargo, por nueve de cada diez peruanos.

De acuerdo con una encuesta publicada a finales del pasado mes por el Instituto de Estudios Peruanos, 78% de los ciudadanos desaprueba el gobierno de Boluarte y 91% al Congreso.

Perú, que está desde hace cuatro meses inmerso en una profunda crísis con un alto costo social y humano, vive desde 2016 en la inestabilidad política y social. En seis años se han sucedido seis presidentes, que no han logrado sacar adelante al país, donde hay un fuerte enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo.