Por Maritza Gutiérrez

El lineamiento 34 de la Política Económica y Social del Estado cubano hasta el 2026 establece  promover el desarrollo del sistema de pago e intensificar una estrategia de inclusión financiera, con prioridad en la bancarización, que potencie una infraestructura moderna de canales electrónicos de pagos, sustentado en una educación financiera efectiva.

A este tema nos acercamos hoy, a propósito de  la Resol. 111 del BCC que  propone acelerar el proceso de bancarización en el país. Evidentemente,  no se trata de un hecho coyuntural, sino de una política trazada.

Lo cierto es que desde el año 2000 con la introducción de los cajeros automáticos Cuba dio sus primeros pasos en el proceso de bancarización de transacciones financieras.  En 2019, solo un poco más del 11% de las operaciones financieras se hacían por los canales electrónicos, y en 2022 la cifra sobrepasó el 63%, con más de 200 millones de operaciones.

Contexto actual
Es un hecho  que el uso del dinero efectivo por el sector no estatal y la incorporación de nuevos actores en la economía, ha conllevado a su empleo intensivo en las transacciones económicas y financieras. Mantener la preferencia del efectivo como instrumento de pago, ha generado elevados costos al país, y ha provocado un retroceso de los niveles de bancarización e inclusión, contradictoriamente, en momentos en que el Estado impulsa el uso de los medios electrónicos de pago.

Por tanto, la nueva normativa aprobada por el BCC persigue acelerar el proceso de bancarización para reordenar los flujos financieros, es la respuesta estratégica del sistema bancario, que nos colocará  a tono con la práctica internacional y  se corresponde con la inclusión financiera, un  elemento que facilita la consecución de 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, según reconoce el Banco Mundial y otras instituciones internacionales.

Hoy Cuba implementa acciones para que, tanto la ciudadanía como los actores de la economía, comprendan y de manera gradual se incorporen a este proceso, en un diálogo que se enfoca en la transparencia y la legalidad, según ha expresado el vicepresidente del BCC Alberto Quiñones, cuando ha reiterado que estamos ante una norma emitida por el Banco Central con todas sus facultades, con una serie de aspectos regulados en la actividad financiera sobre el uso de las cuentas bancarias de las personas de manera eficiente, segura y legal.

Los términos de “inclusión financiera” y “bancarización” suelen ser utilizados indistintamente pero no son exactamente lo mismo. La bancarización busca ofrecer a todos los actores de una economía, el acceso a los servicios bancarios y financieros .Tener una cuenta bancaria es condición necesaria pero no suficiente. La bancarización de las transacciones  implica realizar dichas transacciones a través de las instituciones bancarias y financieras formales y legales, que están sometidas a una regulación y control exigente. Esto implica el uso de tarjetas, transferencias electrónicas, pagos en línea y otros métodos de pago.

Por otra parte, los pilares de la inclusión financiera son: acceso, uso y calidad. El acceso está dado por la capacidad para disponer de forma oportuna y asequible de los productos y servicios que ofrecen las instituciones formales. El uso viene dado por la profundidad o grado de utilización de los productos y servicios financieros, y la calidad es el grado de satisfacción del cliente.

Desde 2010, más de 55 países han firmado compromisos relacionados con la inclusión financiera y más de 60 países han implementado o se encuentran elaborando una estrategia nacional sobre el tema.

Hoy Cuba tiene una estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) que ya recoge acciones que tributan al objetivo de la bancarización y el país está adecuando una práctica internacional, ajustada a sus condiciones.

Alberto Quiñones, vicepresidente del BCC informó en la TV Nacional, que se está trayendo una práctica internacional de cómo se hacen estas transacciones, y reiteró que hoy en el mundo es compleja la inclusión financiera y se maneja por los gobiernos, porque no todos los bancos aceptan a todos los clientes, y por tanto en el proceso de inclusión financiera, los gobiernos están obligados a establecer políticas en dependencia de cada país. Y en Cuba a pesar de todas sus limítaciones, pero con sus oportunidades, los bancos están abiertos a todos los ciudadanos y  a todos los actores económicos.

Como se ha reiterado, el éxito de estas acciones no depende solo del Sistema Bancario y Financiero (SBF), sino de corregir las causas que incentivan a  los actores económicos a concurrir a espacios informales y continúen usando el efectivo, lo que representa un importante desafío para el país.