Los decretos llevan consigo la idea de libertad, justicia y paz.
Por María Josefina Arce
En 1993 fue sancionada en Colombia la Ley 70, resultado de la lucha por sus derechos de las comunidades afrocolombianas, sometidas historicamente a la discriminación. Fue una victoria de esa parte importante de la sociedad , pero que 30 años después todavía no ha sido implementada en su totalidad.
Era una asignatura pendiente de las diversas administraciones con los afrocolombianos. Por ejemplo, aunque en 2021 el Tribunal Administrativo del Cauca ordenó al gobierno, entonces presidido por Iván Duque, que en un término de seis meses debía reglamentar varios artículos de la ley, todo quedó ahí.
Duque no cumplió con las comunidades negras. En el aire se quedaron sus promesas de ejecutar en su totalidad la norma, pues quedaron pendientes importantes capítulos.
No se reglamentaron los asuntos referidos al uso de la tierra y protección de los recursos naturales y el ambiente, los recursos mineros, asi como el formento del desarrollo económico y social donde habita este segmento de la población, víctima de grandes desigualdades.
De hecho la pobreza afecta a 37% de los afrocolombianos, una cifra 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Y si entre los hombres es alta la tasa de desempleo, entre las mujeres es de casi 22%.
Por demás, ven limitado su acceso a la salud y educación. Incluso sólo representan 5,2% de los ciudadanos vinculados a actividades profesionales y técnicas.
Ahora Petro, comprometido con un cambio en el país, ha llegado para hacer justicia y hacer posible la puesta en marcha en su totalidad de esa legislación. Es así que con este fin suscribió en los últimos días dos decretos.
Los documentos tienen como objetivo reglamentar los capítulos IV y V, para adoptar mecanismos especiales para el fomento y desarrollo de las actividades mineras en los territorios colectivos de las comunidades negras para su beneficio y siempre con responsabilidad para cuidar el entorno, un aspecto en el que estarán acompañadas por las autoridades.
También se reconocen los derechos mineros de los afrocolombianos para delimitar zonas mineras de este sector de la sociedad colombiana.
Tras la firma de los decretos, la vicepresidenta Francia Márquez aseguró que la implementación de la Ley 70 contribuirá a la paz total en Colombia.
El gobierno de Petro ha saldado una deuda histórica, al avanzar en la implementación de una importante ley que 30 años después de sancionada todavía esperaba por ser reglamentada completamente.
