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Por María Josefina Arce
El venidero 7 de noviembre será presentado al presidente chileno, Gabriel Boric, el nuevo proyecto de Constitución, considerado retrógrado y que es rechazado, de acuerdo con sondeos de opinión, por más de la mitad de la ciudadanía.
El documento fue aprobado este lunes por 33 votos a favor y 17 en contra por el Consejo Constitucional, dominado por el ultraderechista Partido Republicano, que de oponerse a cambiar la Carta Magna heredada de la dictadura militar del general Augusto Pinochet pasó a trabajar en el nuevo documento, elaborado por una Comisión de Expertos.
Este es el segundo intento en Chile por cambiar la Constitución. En septiembre de 2022 los chilenos fueron a las urnas para pronunciarse sobre un proyecto elaborado por una Convención Constituyente, elegida también a través del sufragio de la ciudadanía.
A ese proceso se llegó tras el estallido de octubre de 2019, bajo la presidencia del derechista Sebastián Piñera. Inicialmente los chilenos protestaron por el alza de la tarifa del metro de Santiago de Chile, pero el movimiento ganó fuerza, se convirtió en una masiva denuncia de la gran desigualdad imperante en el país austral y reclamó una nueva Carta Magna.
Sin embargo, los ataques de la derecha contra miembros de la Convención y su campaña de desinformación sobre varios de los acápites del texto, que hacía un fuerte énfasis en la autodeterminación indígena, en la protección del medio ambiente y la igualdad de género en todas las instituciones públicas, llevó a que 62% de la ciudadanía lo rechazara.
El actual proceso constitucional no ha estado exento de polémica, a causa de algunas normas de la propuesta que para varios sectores de la sociedad son profundamente regresivos.
Entre estas figuran las que atentan contra la paridad de género en el Congreso Nacional y la que se opone a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, inviabilidad fetal y peligro para la vida de la madre.
Como resultado de un Consejo Constitucional dominado por la derecha, el documento no responde a los reclamos de una mayor justicia social. Por el contrario promueve un acceso desigual a derechos básicos como la salud, educación y pensiones.
Citada por la agencia noticiosa Prensa Latina, la consejera institucional Karen Araya, del Partido Comunista, lamentó que no se haya podido lograr un texto destinado a mejorar la calidad de vida de los chilenos.
La decisión final sobre la nueva propuesta constitucional la tendrá la ciudadanía. El próximo 17 de diciembre, en plebiscito, los chilenos se pronunciarán en las urnas sobre un documento, que en opinión de muchos es excluyente, retrógrado y pone en riesgo el futuro de la inmensa mayoría de los chilenos.
