Jesuitas asesinados en El Salvador. (Foto: Sistema Bibliotecario UTEC)
Por María Josefina Arce
Más de 75 mil personas murieron o desaparecieron durante el conflicto armado en El Salvador de 1980 a 1992. El ejército y los llamados escuadrones de la muerte, creados para perseguir y exterminar a opositores políticos, fueron responsables de múltiples crímenes que conmocionaron a la sociedad salvadoreña.
Ese es el caso de la masacre en 1989 de seis jesuitas, cinco de ellos españoles, y de dos mujeres en el campus de la Universidad Centroamericana, cuyos máximos responsables no han sido juzgados.
Ahora un Tribunal de instrucción del pais centroamericano determinó llevar a juicio, aún sin precisar fecha, a 11 implicados en el asesinato, tras haber efectuado una audiencia preliminar para determinar si se daría paso a esta fase.
La Fiscalía había señalado que contaba con suficientes evidencias para que los procesados fueran enviados a juicio por los delitos de asesinato, actos de terrorismo, conspiración para actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento.
Uno de los grandes ausentes del proceso es el ex presidente Alfredo Cristiani, que bajo la derechista ARENA, Alianza Republicana Nacionalista, gobernó El Salvador de 1989 a 1994 y contra el cual existe una orden de detención desde 2022 cuando se reabrió el caso.
De acuerdo con la Fiscalía varios testigos ubican a Cristiani en la reunión en la que se tomó la decisión de matar a los jesuitas.
En 1991 un tribunal salvadoreño condenó a 30 años de prisión al coronel Guillermo Benavides, considerado el comandante del grupo responsable del asesinato de los seis jesuitas y las dos mujeres, trabajadoras de la Universidad Centroamericana.
Pero dos años después fue indultado y liberado, tras la aprobación bajo la presidencia de Cristiani de una Ley de Amnistía, que impidió durante más de dos décadas el enjuiciamiento de los implicados en crímenes de lesa humanidad.
En 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la controvertida ley. Benavides volvió a prisión y se reabrió el caso un año después, que no ha estado exento de escollos en todo este tiempo, pues en varias ocasiones se ha cerrado y vuelto a abrir.
La sociedad salvadoreña espera por justicia por las atrocidades cometidas durante el conflicto armado por el ejército y los escuadrones de la muerte, apoyados por Estados Unidos financieramente y entrenados en la lucha contrainsurgente.
