Nayib Bukele ha recurrido a las encarcelaciones masivas
por María Josefina Arce
Tres años se han cumplido ya de que el presidente Nayib Bukele declarara el estado de excepción, con el argumento de frenar la alta violencia imperante en El Salvador generada por las pandillas, pero que ha llevado a múltiples violaciones de los derechos humanos.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado atropellos cometidos por las fuerzas policiales y militares en el marco del estado de excepción, prorrogado en 36 ocasiones de manera consecutiva, la última en marzo pasado.
El gobierno defiende la medida señalando que se ha reducido el índice de homicidios, al tiempo que desestima los cuestionamientos de una parte de la sociedad y de organismos internacionales.
Ya en octubre de 2022 el Comité de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su preocupación sobre el impacto de esta disposición en esas libertades fundamentales.
Meses después tres relatores de la ONU pidieron al gobierno de Bukele que pusiera fin a ese régimen implementado en la pequeña nación centroamericana, y que suspende varios derechos constitucionales como la prerrogativa de las personas de ser debidamente informadas sobre sus derechos y motivo de detención, así como de contar con un abogado.
Y más recientemente el Consejo de la ONU de Derechos Humanos, durante el Cuarto Ciclo de Examen Periódico Universal, recomendó a El Salvador suspender el estado de excepción.
De acuerdo con las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en todo este tiempo se han reportado 6 mil 689 denuncias de inocentes detenidos por las fuerzas policiales y militares.
Entre los atropellos señalados están las detenciones arbitrarias, allanamientos de morada, amenazas, desapariciones forzadas e incluso abusos sexuales.
A esto se suma la precaria situación a la que son expuestos los detenidos en los centros penitenciarios, como hacinamiento, escasez de agua, falta de atención médica y tratos crueles.
El presidente Nayib Bukele ha recurrido a las encarcelaciones masivas para frenar la violencia en el país, dejando de lado políticas sociales necesarias para cerrar la puerta a la criminalidad.
