Por: Guillermo Alvarado
Numerosas son las condenas y las muestras de preocupación por el golpe de Estado parlamentario que está en curso en Brasil contra la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, donde políticos venales, la derecha conservadora y las grandes corporaciones de la información han unido sus fuerzas para atacar la democracia y revertir las conquistas de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, el PT.
El domingo, en un lamentable espectáculo disfrazado de proceso legislativo la Cámara de Diputados aprobó por 367 votos a favor, 137 en contra y siete abstenciones aceptar un juicio político contra la jefa de Estado, por un presunto delito que nunca se ha demostrado.
Hay que decir que entre quienes aprobaron esta farsa están muchos que hasta hace pocos días eran aliados del PT en el ejecutivo, pero que ahora prefirieron las monedas de Judas por encima del respeto a sus compromisos políticos.
Otros, como el mismo titular de la cámara baja, Eduardo Cunha, aguardan juicio por enriquecimiento ilícito y tener cuentas en el extranjero sin declarar, todo esto sí, debidamente comprobado y buscan desesperadamente consumar la asonada para beneficiarse con una eventual amnistía.
Son estos sujetos quienes buscan escamotear la voluntad expresada por millones de brasileños que eligieron a Rousseff como presidenta del Gigante Sudamericano, cuyos inmensos recursos son objeto del oscuro deseo de las transnacionales, hasta ahora mantenidas a raya por el PT.
Cuba condenó con energía este golpe parlamentario y alertó que se trata de un ataque, basado en acusaciones sin pruebas ni fundamentos legales, contra la democracia brasileña y contra la legitimidad de un gobierno electo en las urnas por la mayoría del pueblo.
En un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores se aseguró que se busca implantar un gobierno neoliberal que permita el saqueo por parte de las grandes transnacionales de las riquezas naturales de ese país, en especial sus inmensas reservas de petróleo, minerales, agua y biodiversidad, y que subordine su política exterior a los intereses hegemónicos imperialistas.
Al mismo tiempo en Uruguay legisladores del Frente Amplio demandaron a la cancillería que se aplique a Brasil la Cláusula Democrática del Mercosur, en caso de prosperar el golpe en el Senado.
Se trata de una medida creada en 1998 que permite aplicar sanciones políticas y económicas e incluso separar del grupo a un miembro cuando se rompa el orden democrático, como está a punto de pasar en la vecina nación.
Nada tiene que ver, por supuesto, con la dichosa carta democrática de la vetusta y desprestigiada Organización de Estados Americanos, de la que nadie en su sano juicio se pregunta dónde está en estos momentos, primero por no hacer el ridículo, y segundo porque la respuesta es obvia.
Quizás esté conspirando activamente con los golpistas para convalidar sus fechorías y « reconocer » al ilegítimo gobierno que pudiera salir de este proceso.
El tema está ahora en manos del senado, que debe formar una comisión de 21 miembros e igual número de suplentes para estudiar la solicitud de juicio político contra la presidenta.
En el ínterin, las fuerzas progresistas deberán activarse, dentro y fuera de Brasil, para defender la democracia de un golpe que sería muy grave para todos los pueblos de América Latina y El Caribe.
