Por Lisván Lescaille Durand

La Habana (Prensa Latina) El hecho incuestionable de que Cuba es víctima del terrorismo realza el reclamo universal para su exclusión de la lista de países supuestamente patrocinadores de estas acciones a nivel internacional, elaborada por Estados Unidos.

La cooperación transparente de la nación antillana para el enfrentamiento a actividades terroristas es reconocida por la comunidad mundial, que rechaza la postura de Washington y exige el cese de la arbitraria y unilateral inclusión en el apócrifo listado.

Esa política de chantaje fue retomada en enero de 2021 por el expresidente norteamericano Donald Trump (2017-2021), antes de abandonar el poder, situándose respecto a la isla en las antípodas de su predecesor Barack Obama (2009-2017), quien promovió un limitado acercamiento con La Habana y la excluyó de la lista, vigente entre 1982 y 2015.

El gobierno de Trump justificó la medida con el pretexto de la negativa cubana de entregar a guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional que viajaron a La Habana como parte de las negociaciones de paz con el Ejecutivo de Colombia, un proceso en el que Cuba es garante y cumple con lo pactado.

En marzo de este año, el actual inquilino de la Casa Blanca, Joseph Biden, ratificó el calificativo a Cuba -junto a la República Popular Democrática de Corea, Irán y Siria-, lo que resulta conveniente para mantener el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo cubano, según denunciaron autoridades y la sociedad civil en la nación caribeña.

Precisamente el cerco económico de la potencia norteña que dura más de 60 años, además de una flagrante violación del derecho internacional, constituye en sí mismo un acto de terrorismo contra un Estado soberano, lo cual genera carencias inimaginables a los habitantes de la mayor de las Antillas.

De tal manera, si fuera apropiado y legal de acuerdo con el derecho internacional, establecer listados para sancionar la conducta de países en este asunto multilateral, los Estados Unidos de Norteamérica ocuparían sin reparos la posición cimera, mientras habría que excluir de él a la isla del Caribe.

Los crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo de Estado cometidos por la potencia norteña en sus invasiones a más de 30 naciones después de la II Guerra Mundial, la colocan a la cabeza de una verdadera lista de gobiernos patrocinadores y ejecutores directos del terror con un elevado saldo de vidas y destrucción de bienes materiales.

EL TERROR CONTRA LA REVOLUCIÓN CUBANA

Grupos contrarrevolucionarios, financiados y entrenados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana, realizaron desde enero de 1959 más de 700 hechos de terrorismo internacional contra la isla, en su mayoría con total impunidad.

En esas acciones murieron tres mil 478 personas y resultaron incapacitadas otras dos mil 99, además del costo para la economía nacional que reporta millonarias pérdidas por sabotajes a zafras azucareras, producciones porcinas, tabacaleras e instalaciones diversas.

Al amparo de gobiernos norteamericanos se urdieron cientos de planes para secuestrar aeronaves civiles o abatirlas, así como para hacer estallar bombas en hoteles, centros comerciales y recreativos en La Habana entre 1997 y 1998.

Perpetradores confesos de crímenes, como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, quienes murieron en la ciudad de Miami (Estados Unidos) sin expiar sus culpas, alardeaban impunemente de haber explotado en pleno vuelo un avión de la aerolínea Cubana de Aviación que cubría la ruta Barbados-Jamaica-La Habana.

El ataque terrorista, ocurrido el 6 de octubre de 1976, cobró la vida de 73 personas inocentes y fue considerado entonces el peor de su tipo en el hemisferio occidental, y entre los más brutales ejecutados por miembros de la CIA en contra del proyecto social cubano.

Sucesivos gobiernos estadounidenses autorizaron o apoyaron más de 600 planes y acciones para la eliminación física del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, y otros dirigentes del país.

La persecución no reparaba en escenarios ni posibles víctimas inocentes, como habría ocurrido en noviembre de 2000 en el frustrado magnicidio con explosivos C-4 preparado en el Paraninfo de la Universidad de Panamá.

MATAR DIPLOMÁTICOS A LA VERA DE WASHINGTON

El gobierno de Cuba denuncia sistemáticamente el asedio contra sus legaciones diplomáticas en el mundo, por cuenta de la irracional política de estímulo a actividades terroristas promovidas por Estados Unidos.

Particularmente en suelo estadounidense, la representación diplomática cubana en Washington, la Misión en la ONU y funcionarios del servicio exterior antillano han sido agredidos con saldos trágicos en vidas humanas y daños a sus inmuebles.

La organización terrorista norteamericana Omega-7 lanzó artefactos explosivos el 8 de mayo de 1979 contra la otrora sección de intereses de Cuba en Washington -hoy su embajada-, que dañó notablemente la infraestructura del edificio.

En la intercepción de dos calles neoyorquinas fue ultimado a balazos, el 11 de septiembre de 1980, el diplomático cubano Félix García, de 41 años de edad, integrante de la Misión de Cuba ante la ONU. Dos terroristas de origen cubano: Pedro Remón Rodríguez y Eduardo Losada Fernández, perpetraron el asesinato que inmediatamente Omega-7 se atribuyó.

El 30 de abril de 2020, un individuo identificado como Alexander Alazo Baró disparó 32 proyectiles de un fusil semiautomático de asalto contra la sede de la embajada cubana en Washington, poniendo en riesgo la vida de 10 funcionarios en el interior de la edificación.

De acuerdo con datos del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado, suman 83 agresiones contra embajadas cubanas por el mundo y 29 atentados contra diplomáticos del país caribeño, en los cuales asesinaron a ocho.

La política de aliento al terrorismo, financiado o permitido por la Casa Blanca, provoca muertes y destrucción dentro y fuera del territorio nacional, lo que confirma el doble rasero y la hipocresía con que aborda la temática.

Estados Unidos ni coopera ni asume un compromiso serio de lucha contra este flagelo a nivel mundial.

Mientras, mantiene a Cuba en una denigrante lista de países patrocinadores del terrorismo, que exacerba las restricciones financieras internacionales a la nación con el consiguiente impacto negativo en la economía, el comercio y el desarrollo nacional.