Imagen ilustrativa tomada de Sputnik

Por Alfredo García Almeida*

En medio de la celosa defensa del presidente, Joe Biden, por la “violación” de Rusia del orden internacional en Ucrania, el Gobierno Nicaragüense envío el pasado 27 de junio al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, una nota diplomática titulada: “La obligación de los Estados Unidos de indemnizar a Nicaragua”, recordando la deuda de Washington por las agresiones armadas contra su país.

El texto de la misiva  gira en torno a la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia el 27 de junio de 1986, cuando el principal órgano judicial de la ONU, votó a favor de Nicaragua en su demanda contra EEUU, por organizar, financiar, entrenar y asesorar, las operaciones terroristas de los “contras” para derrocar al gobierno democrático del FSLN.

Tras el triunfo revolucionario en 1979 contra la dictadura somocista, el gobierno de Ronald Reagan (1981-89), no pudo contener la histeria de la ultraderecha republicana y ordenó a la CIA el derrocamiento del gobierno sandinista, para lo cual contó primero con la colaboración de la fascista dictadura argentina y después con el Ejército contrarrevolucionario de los “contras”, formado en su mayoría por exsoldados somocistas.

La campaña subversiva de los “contras” con la asesoría de la CIA y Fuerzas Especiales del Ejército norteamericano, usó como santuario a Honduras, con actos de terrorismo contra centros de salud, hospitales y escuelas, secuestros y asesinatos con la “guerra sucia” que la Doctrina Reagan prescribió para desestabilizar el gobierno sandinista y ganar control sobre la población. Al mismo tiempo llevaron a cabo con total impunidad, una campaña de sabotaje económico, interrumpiendo el transporte marítimo con minas submarinas mientras Washington imponía un bloqueo comercial.

Sin embargo los escándalos políticos por la agresión contra Nicaragua, obligó al Congreso a cortar los fondos destinados a los “contras” en 1985. Fue cuando el Consejo de Seguridad Nacional, creó una estructura paramilitar clandestina que obtenía ingresos ilegales con el tráfico de drogas y la venta de armas a Irán en medio de la guerra con Irak, para seguir financiando la agresión militar contra la patria de Sandino.  
En 1984, el gobierno nicaragüense presentó la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Estados Unidos, quien se retiró del procedimiento, alegando que la CIJ carecía de jurisdicción en el caso.​ La corte falló en favor de Nicaragua y sentenció que los Estados Unidos estaban obligados a pagar indemnizaciones por sus violaciones a las leyes internacionales. Washington usó su veto ante el Consejo de Seguridad de la ONU, para impedir la aplicación del veredicto. En 1991, la entonces presidenta nicaragüense, Violeta Chamorro, en coordinación con Washington, “descontinuó” el caso, aunque no renunció al derecho a recibir la compensación.

Con este recordatorio de memoria histórica al secretario general de la ONU, el presidente, Daniel Ortega, reivindica la deuda de EEUU con el pueblo nicaragüense tras 37 años de impunidad. “Nicaragua retoma esta oportunidad, para recordar que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son definitivas y de ineludible cumplimiento y por lo tanto, los Estados Unidos tienen la obligación legal de cumplir con las reparaciones mandadas por la sentencia del 27 de junio de 1986”, concluye la carta.

* periodista, analista internacional colaborador desde Mérida, Yucatán.