Por Maritza Gutiérrez

El estado plurinacional de Bolivia inició el año 2020 bajo la incertidumbre y el miedo impuesto por un gobierno de facto que cambió de golpe el rumbo político de un país, que en los últimos catorce años, --bajo la presidencia de Evo Morales--, había obtenido impresionantes logros económicos y de justicia social para su pueblo.

Tras el golpe de Estado que obligó a dimitir al presidente Morales en noviembre de 2019, la derecha boliviana instauró un gobierno ilegítimo que desde un inicio mostró un desprecio total por la seguridad y el progreso del pueblo.

Sin apoyo popular, la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez inició el desmantelamiento de los avances económicos y sociales logrados e implantó un escenario de persecución política contra líderes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus simpatizantes.

La administración de Áñez, reconocida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, el parlamento, tenía un único mandato: convocar a nuevas elecciones. Sin embargo, se dedicó a buscar alternativas para impedir que el MAS retomara al poder.

El nuevo presidente boliviano, Luis Arce, afirmó durante al acto de su investidura como jefe de estado, que el gobierno de facto «usó la pandemia para prolongar un gobierno ilegal e ilegítimo».

Las persecuciones desatadas por las autoridades golpistas arremetieron contra los exfuncionarios del gobierno de Morales, y reprimieron a quienes pacíficamente clamaron por el retorno a la institucionalidad y el respeto a los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019.

De este modo Bolivia se convirtió en el centro de atención de América Latina: por un lado, los que defendieron la democracia y negaron la narrativa del fraude electoral; y por otro, los que violaron las leyes y desde el poder practicaron la persecución política y la represión violenta.

Con ese fin el gobierno de facto aplazó en tres ocasiones la fecha de las elecciones generales, alentó la criminalización de los candidatos del MAS e invalidó candidaturas empleando argucias legales desestimadas por expertos.

Finalmente, el 18 de octubre, en las urnas, el pueblo boliviano puso fin a un año de atropellos, saqueos, represión y atentados contra la vida al apoyar la propuesta electoral del MAS y su agenda política, basada en la defensa de la soberanía, los recursos nacionales y la redistribución de la riqueza.

Luis Arce y David Choquehuanca fueron elegidos en primera vuelta como presidente y vicepresidente, respectivamente, con un apoyo de más del 55 por ciento de los votos válidos.

La voz del pueblo dijo NO a un modelo personificado por el gobierno de facto que representaba a la oligarquía nacional ultraconservadora. Un gobierno que en menos de un año mostró su ineficiencia para gobernar y la incompatibilidad del neoliberalismo con las aspiraciones a un modelo de desarrollo sostenible.

Privatización de recursos y sectores estratégicos, reiterados escándalos de corrupción a todos los niveles, endeudamiento del país con instituciones financieras internacionales, disminución de las reservas internacionales y el Producto Interno Bruto, son algunas de las secuelas dejadas por las políticas impulsadas por el gobierno de facto en materia económica.

A ello se suma la profunda crisis social agudizada por la pandemia de la Covid-19, cuyo mal manejo fue criticado reiteradamente por la población, médicos y personal de la Salud. Las cifras de contagios hablan por si mismas: más de 152 mil casos confirmados y más de nueve mil muertes.

Este resultado electoral demostró , además, la complicidad de organismos como la desprestigiada OEA y su secretario general Luis Almagro, para entorpecer las elecciones de 2019, que provocaron una convulsión social y la renuncia del presidente Evo Morales.

Hoy el MAS vuelve a ser el núcleo político de la nación, alrededor del cual se agrupan las comunidades indígenas, los gremios obreros y campesinos, los movimientos sociales, la pequeña y mediana empresa, y la clase media, sectores que ahora trabajarán por un nuevo pacto social, frente un gran desafío, según palabras de Luis Arce ante el pueblo: «reconstruir la economía y, una vez más, superar las adversidades, a pesar de las diferencias».

De acuerdo con Evo Morales, líder del MAS, la unidad los llevó a la victoria y por lo tanto urge mantenerla para proteger el proceso de cambio e impulsar la Revolución Democrática y Cultural en esta nación andino-amazónica.

Luis Arce asumió la presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre apostando por la unidad de todos los bolivianos y lanzó un mensaje al mundo a favor del multilateralismo.

«Somos una nación soberana», afirmó. Gracias al pueblo boliviano, «hemos recuperado la democracia, la dignidad, la paz y la justicia social. Triunfaremos frente a la crisis como hicimos en años anteriores.»

Y añadió: «En este año fatídico marcado por el golpe a la democracia y la pandemia, miro al pasado, levanto mis ojos y veo que una Bolivia mejor es posible. Caminemos en paz, lado a lado para lograrlo.»

A pesar de los desafíos que tiene por delante en la construcción de un nuevo pacto social, la nueva Bolivia ha comenzado a levantarse; sus cimientos son el inmenso apoyo popular, los éxitos del MAS en gestiones anteriores, y el irrevocable liderazgo de Evo Morales, David Choquehuanca y el presidente Luis Arce.