San Juan, 11 sep (RHC-PL) El juez federal Juan R. Torruella convocó a los puertorriqueños a crear un ''movimiento de resistencia civil'' ante la ley Promesa, que impone hoy una junta de control fiscal al gobierno de Puerto Rico.

La propuesta del juez del Primer Circuito de Apelaciones del Tribunal de Estados Unidos en Boston es coincidente con sectores combativos del país que han llamado a resistir la imposición de Promesa, acrónimo en inglés de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico.

'Tenemos que unirnos en defensa de nuestros derechos y actuar pacíficamente porque somos un pueblo de paz, pero eso no implica que debemos ser dóciles y aceptar todo lo que nos traten de imponer', sugirió al hablar en la víspera ante la asamblea del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Torruella también pidió al pueblo puertorriqueño a emplear el 'boicot económico' contra las compañías estadounidenses en esta isla del Caribe, sometida desde 1898 a la dominación colonial de la nación norteña.

Igualmente, el togado de ideología anexionista consideró innecesario la celebración de elecciones en la isla el próximo 8 de noviembre por entender que carecerá de sentido, ya que gobernarán los siete integrantes de la junta de control fiscal por encima de los funcionarios electos.

Para el magistrado, la normativa impuesta por el Congreso y la Casa Blanca es el 'acto más denigrante, despectivo, antidemocrático y colonial que se haya visto en toda nuestra relación con Estados Unidos'.

Consideró que este paso es 'una nueva forma de administrar la colonia' que perpetúa los problemas fundamentales del país, como el estatus político, con el establecimiento 'una agencia de cobro para reclamar el dinero que se debe a los bonistas'.

Torruella se refirió a la deuda pública de Puerto Rico, ascendente a 70 mil millones de dólares, que se pretende garantizar a Wall Street a costa de las necesidades del pueblo boricua.

'No hay nada como la violencia para quitarle legitimidad al movimiento más justo', advirtió el magistrado federal al reiterar la desobediencia civil como método de resistencia.

Agregó que tenemos que unirnos en defensa de nuestros derechos y actuar pacíficamente porque somos un pueblo de paz, pero eso no implica que debemos ser dóciles y aceptar todo lo que nos traten de imponer.

También repudió la ley de cabotaje de Estados Unidos que desde 1920 hasta el presente le ha costado 75 mil 800 millones de dólares a Puerto Rico, 'más que la deuda pública que se reclama hoy día'.

Torruella indicó que con estas cifras, esta isla, con un uno por ciento de la población de Estados Unidos, subsidia el 27 por ciento total de la transportación de la marina mercante norteamericana.

Ante lo que denominó 'media verdad' de que los puertorriqueños no pagan impuestos a Estados Unidos, refirió que el gobierno federal 'incautó el 14 por ciento de tierras mejores y más atractivas para establecer bases militares', aparte de que miles de puertorriqueños han servido en sus fuerzas armadas desde la Primera Guerra Mundial.