Budapest, 14 feb (RHC) El gobierno húngaro divulgó ante el parlamento un proyecto de ley para impedir la libre circulación de migrantes, lo cual representa un desafío a la unión europea.

Las autoridades húngaras proponen construir un campamento cerrado en la frontera sur para detener a los recién llegados hasta que sus solicitudes de asilo obtengan respuesta.

El Ejecutivo de ese paÌs argumentó que la medida se debe al incremento de la amenaza terrorista y los riesgos a la seguridad, mientras que los defensores de los derechos humanos la consideran una violación a las normativas europeas.

La política de Hungría genera críticas a nivel internacional por la brutalidad con que actúa contra quienes huyen del hambre y la guerra en países de Asia, África y Oriente Medio.

Defensores de los derechos humanos la consideran una violación a las normativas europeas. Incluso, el primer ministro húngaro, Víkton Orbán, reconoció ayer que la decisión es "abiertamente contraria a la UE".

El secretario de Estado de Comunicación, Bence Tuzson, espera que la ley entre en vigor a finales de la primavera, una vez pasado el trámite parlamentario.

La organización no gubernamental Comité de Helsinki denunció que una legislación así vulneraría el derecho europeo, ya que sólo se puede impedir el libre movimiento de las personas de forma individual si supone un riesgo probado para la seguridad.

"Hacer una ley para detener a todos los solicitantes de asilo sin excepción es una violación tan grave que Hungría firmaría su salida del sistema europeo de derechos humanos", afirmó Gábor Gyulai, director del programa de asilo de esa Organización en el país.

No es la primera vez que Orbán propone la detención de quienes entran en la nación sin permiso, una posibilidad derogada en 2013 ante la presión de la UE y la Organización de las Naciones Unidas.

En 2015 ya mencionó esta idea, aunque nunca legisló para avalar su postura, que aviva aún más el conflicto con Bruselas por las políticas migratorias.

Las relaciones se tensaron cuando Hungría celebró el pasado 2 de octubre un referendo para rechazar el sistema de reubicación de refugiados de la UE, conforme con el cual los países comunitarios se comprometieron a acoger a 160 mil migrantes desde Grecia e Italia entre 2015 y 2017.

Aunque el 98 por ciento de los electores votó en contra de la asignación de cuotas, el resultado no fue vinculante ni válido por la baja asistencia a las urnas.

En medio de la crisis migratoria que vive Europa, Hungría comenzó a fines de 2016 la edificación de una segunda valla en la frontera sur a lo largo de unos 150 kilómetros.

Orban indicó en esa oportunidad que su gobierno reforzará el patrullaje limítrofe con tres mil militares adicionales a los 43 mil efectivos ya movilizados en la zona fronteriza, para enfrentar a los migrantes.

El Parlamento húngaro aprobó leyes que penalizan el cruce ilegal con hasta cinco años de cárcel.

Su política genera críticas a nivel internacional por la brutalidad con que actúa contra quienes huyen del hambre y la guerra en países de Asia, África y Oriente Medio.