Buenos Aires, 7 abr (RHC) Sin transporte público ni trenes, y con pocos autos circulando, las calles de las principales ciudades de Argentina estuvieron casi desiertas en el primer paro general del gobierno de Mauricio Macri, en contra de sus políticas económicas, la que estuvo matizada por la represión policial contra manfiestantes. 

Varias protestas en la capital contaron con gran presencia de distintas fuerzas de seguridad principalmente Gendarmería, que dispersaron a los protestantes con gases lacrimógenos y carros lanza agua en la ciudad de Buenos Aires, indica Telesur. 

Miles de gendarmes rodearon los piquetes de la autopista Panamericana y del Puente Pueyrredón en las entradas de Buenos Aires, atacaron a los manifestantes, golpearon a automovilistas y rompieron a culatazos vidrios de un vehículo.

La primera huelga general de las centrales obreras llega tras no alcanzar con el Gobierno soluciones a sus exigencias: salarios dignos, generación de empleos, mayores oportunidades a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) e igualdad para todos los argentinos.

Los argentinos se sumaron el paro en rechazo al constante aumento de precios de los productos básicos y los llamados tarifazos en los servicios públicos, en rechazo de los despidos masivos y el cierre de pequenas empresas.

Más de 127 mil personas perdieron sus puestos de trabajo el pasado año en Argentina, como consecuencia de las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.

De acuerdo con un informe divulgado el 19 de enero por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, desde la asunción del actual gobernante hasta septiembre del año pasado el empleo cayó 1,9 por ciento. 

Los movimientos sociales mantienen las protestas en la capital argentina, para rechazar los despidos, la exigencia de aplicación de la Ley de Emergencia Social, el aumento de la pobreza, la desocupación y las medidas de tarifazos y ajustes. 

Este jueves, en medio de un paro nacional, se decretó en una audiencia pública un nuevo cuadro tarifario en donde los aumentos rondarían el 23 por ciento para el agua, que se suma al alza del 350 por ciento aplicado en 2016.