Guatemala, 24 abr (RHC) El gobierno de Guatemala adelantó que procurará contrarrestar los efectos del fenómeno climatológico El Niño mediante la distribución de 83 000 raciones de alimentos a familias del llamado Corredor Seco del país centroamericano.

La medida está contemplada en un plan creado con el propósito de frenar la previsible hambruna que pudiera azotar a los pobladores de los municipios de Baja Verapaz, Santa Rosa, Chiquimula, Jutiapa, Zacapa, El Progreso y Jalapa.

El programa, presentado por las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, está enfocado directamente a los habitantes de las zonas rurales en esa zona y diseñado en respuesta a los pronósticos internacionales relativos a El Niño.

Igualmente el Congreso de Guatemala desestimó el estado de calamidad decretado por el Ejecutivo a propósito de los incendios forestales que arrasaron alrededor de 5 800 hectáreas de bosques en este país centroamericano.

La votación respecto a la emergencia concluyó con 30 votos a favor y 85 en contra de los diputados asistentes, la mayoría de los cuales consideró que avalar tal proyecto daría un cheque en blanco a las autoridades gubernamentales y podía prestarse a múltiples desvíos de fondos.

El estado de calamidad fue promulgado el 18 de abril con base en la Ley de Orden Público que, en su artículo 14, establece que este puede ser decretado para evitar posibles daños “de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos”.

Sin embargo, los parlamentarios insistieron en que la liberación de 200 millones de quetzales (27 millones de dólares) para supuestas compras de piezas y otros en las zonas azotadas por el fuego podría favorecer compras directas, sin licitación y sin mecanismos de fiscalización.

Los integrantes de la Bancada de la Dignidad de Convergencia alertaron que el Estado de Calamidad pudiera afectar a las comunidades que defienden los territorios, por cuanto podrían ser desalojadas con base en el argumento de que esas zonas están impactadas.

Por otra parte, también se limita la libre locomoción de la población en los territorios perjudicados, agregaron e instaron al pueblo de Guatemala a estar atento, auditar y denunciar anomalías.

También funcionarios de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres expresaron su preocupación por tal emergencia, que tendría una vigencia de 30 días, cuando ya fueron sofocados los incendios en las áreas protegidas y los focos que persisten son resultado de quemas agrícolas privadas.

El viernes el plenario del Congreso debió debatir el decreto sobre el tema, pero la ausencia de varios diputados impidió se lograra el quórum requerido (105 presentes) para definir en torno a la disposición.