Buenos Aires, 12 may (RHC-PL) El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias (GTDA) de Naciones Unidas visitó a la líder social argentina Milagro Sala en el penal de Alto Comedero de Jujuy, donde se encuentra encarcelada hace más de un año.
Según la organización social Tupac Amaru que Sala lidera, durante la visita de la delegación a ese centro carcelario, las internas denunciaron las torturas a las que han sido sometidas, entre ellas la utilización de celdas de castigo y el permanente hostigamiento que sufre Sala.
Mirta Aizama, Gladys Diaz, Mirta Guerrero y Graciela López, otras cuatro reclusas, denunciaron además las condiciones de detención y mostraron como el día anterior cambiaron los colchones de todas las detenidas.
En una posterior reunión con integrantes de la sociedad civil, el presidente del Grupo de trabajo de la ONU Sedonji Roland Adjovi confirmó que la declaración que transmitieron en octubre de 2016 sobre poner en inmediata libertad a Sala no está sujeta a revisión y es una decisión tomada.
En el encuentro, precisó la Tupac Amaru en un mensaje difundido en facebook, organizaciones sociales y de Derechos Humanos denunciaron las condiciones de detención y persecución política existentes en la provincia.
En declaraciones la víspera a la emisora la AM 750, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital, Daniel Catalano, quien hace pocos días visitó a Sala en la prisión, denunció que había sido sometida a torturas.
'Milagro se quebró y contó que tanto ella como las internas sufrieron torturas de parte de la subdirectora del penal, que se llama Patricia Balcarce', afirmó Catalano en diálogo con el periodista Víctor Hugo Morales para ese medio.
Sala fue aprehendida el 16 de enero de 2016 bajo la presunta incitación a la violencia y tumulto por encabezar una protesta en Jujuy contra los cambios impuestos por el gobernador Gerardo Morales en el sistema y programa de cooperativas.
A esa causa le añadieron durante estos últimos meses otras como la supuesta irregularidad de administración de fondos destinados a construcción de viviendas. Se le imputa la autoría de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.
La también parlamentaria del Mercosur por el Frente para la victoria ha resistido desde la prisión huelgas de hambre mientras varias organizaciones sociales, sindicatos, líderes, periodistas y artistas protagonizan fuertes campañas por su excarcelación.
