Denuncia Iván Márquez amenazas contra dirigentes de las FARC-EP

Eldonita de Nuria Barbosa León
2017-07-24 20:14:17

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El comandante de las FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, Iván Márquez

Bogotá, 24 jul (RHC) El comandante de las FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, Iván Márquez, denunció que dirigentes de ese movimiento rebelde ya desmovilizado recibieron amenazas de muerte, lo cual fue informado a la comisión de implementación de los acuerdos de paz.

En declaraciones a la prensa en Bogotá, el dirigente de las FARC-EP afirmó que es responsabilidad del gobierno ocuparse de investigar esas amenazas, lo cual lideres guerrilleros han conocido mediante labores de inteligencia.

Márquez consideró que ha llegado el momento de que Colombia se aleje del pasado y se permita la libre exposición de todos los cuadros de ese movimiento y lo que se proponen hacer en los próximos meses en cuanto a pedagogía política.

El miembro del secretariado de las FARC-EP confirmó que, además, de asesinar a líderes sociales y defensores de derechos humanos también han sido ultimados por sicarios seis miembros de la principal guerrilla de amnistiados, milicianos y familiares de los combatientes.

No obstante, Márquez reconoció las medidas de seguridad establecidas por las autoridades colombianas para proteger a los dirigentes de las FARC-EP.

Igualmente la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), denunció que 240 personas de al menos 60 familias, fueron desplazadas del noreste de Colombia a consecuencia de fuertes combates entre grupos armados no identificados.

La movilización de las personas se realiza, según denunció la instancia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), desde el pasado 18 de julio, cuando la Defensoría del Pueblo envió una comisión a las aldeas Buenas Suerte, La Laguna y Bélgica del municipio Hacarí, al norte de Santander, para verificar la situación, reseñó AFP.

“Los combates se registraron en medio de las viviendas y la sede educativa de la comunidad, generándose violación a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, indicó la Ocha en el informe.



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