Lima, 30 ene (RHC) Una congresista opositora confirmó la presentación de una acusación constitucional y una denuncia penal contra el presidente peruano, Martín Vizcarra, y pidió la renuncia del mandatario.

La legisladora señaló que presentó esas acciones legales a la subcomisión de acusaciones constitucionales del parlamento y a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

La imputación sostiene que Vizcarra violó la constitución en su desempeño como ministro de Transportes del régimen de su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció ante graves indicios de corrupción.

La denuncia penal plantea que el mandatario cometió el delito contra la administración y la fe pública en la modalidad de omisión de declaración porque negó que la empresa de su familia firmó contratos con la cuestionada constructora brasileña Odebrecht.

El mandatario solo admitió que la compañía de su familia C y M Vizcarra arrendó maquinaria al consorcio Conirsa y alegó que no sabía entonces que Odebrecht era el socio principal de Conirsa en las obras de construcción de la carretera Interoceánica a Brasil.

Esa obra fue contratada con la firma brasileña a cambio de un soborno de 20 millones de dólares al entonces presidente (2001-2006) Alejandro Toledo, actualmente prófugo en Estados Unidos.

El hecho motivó a opositores neoliberales de Vizcarra a abrir una investigación sobre las relaciones entre Conirsa y C y M Vizcarra, mientras el presidente dijo que no teme la indagación porque no hay ninguna ilegalidad que encontrar.

Vilcatoma anunció las acciones legales en una tensa jornada congresal, en la que se confirmó el fin de la hegemonía absoluta del partido neoliberal Fuerza Popular (FP), al recomponerse el Consejo Directivo del Congreso, cuya composición se ajustó a la merma de sus integrantes, de 73 a solo 56, sobre un total de 130.

Además, el presidente del parlamento y exintegrante de FP, Daniel Salaverry, dio luz verde a los renunciantes de bancadas parlamentarias para que se integren a otra o formen nuevas, aplicando un fallo del Tribunal Constitucional que virtualmente eliminó una ley que les impedía hacerlo.

Ello determinó que FP tenga una menor presencia en el Consejo Directivo, perdiendo la mayoría, lo que motivó protestas de esa agrupación de la encarcelada dirigente Keiko Fujimori, y un intento de boicotear la reunión del nuevo consejo.