Madrid, 21 feb (RHC) Con el bloqueo de carreteras y vías de tren, Cataluña afronta hoy una huelga general en rechazo al juicio contra 12 de sus líderes, implicados en el intento fallido de secesión de esa región española en 2017.
Entidades y partidos soberanistas se sumaron a la medida de fuerza impulsada por la Intersindical-CSC, un sindicato que alegó motivos sociales para convocarla, pero con el trasfondo de rechazar el juicio iniciado el 12 febrero en el Tribunal Supremo (TS) de España, destaca Prensa Latina.
Enmarcada en un contexto de movilizaciones para protestar por esta causa que juzga a 12 dirigentes políticos y sociales independentistas, la convocatoria a la huelga fue respaldada, desde el ámbito sindical, por Ustec, gremio mayoritario en la educación obligatoria.
También será secundada por la Confederación General del Trabajo y los sindicatos de estudiantes, que llamaron a vaciar las aulas y a llenar las calles.
Bajo el lema La autodeterminación no es delito, parémoslo todo, las influyentes asociaciones soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ã'mnium Cultural animaron a los catalanes a adherirse a la jornada protesta de este jueves, que incluye varias manifestaciones. La ANC pidió no consumir nada ni sacar dinero de los cajeros durante la huelga general para conseguir que sea 'más efectiva y marcada'.
'Os animamos también a hacer una huelga de consumo. No encendáis luces, no pongáis aparatos en marcha, sed previsores para no tener que ir a comprar o para no tener que sacar dinero de los cajeros durante todo el día', reza la solicitud a sus asociados.
El paro de actividades cuenta, además, con el apoyo del gobierno de Cataluña, que suspendió la agenda política de todos sus consejeros (ministros regionales), a excepción de los implicados en una jornada de huelga, el de Trabajo y el de Interior.
La causa contra los dirigentes separatistas, nueve de los cuales llevan encarcelados desde hace más de un año, comenzó el martes de la semana pasada en la sede del TS en Madrid.
Son juzgados por su papel en el referendo de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, prohibido de antemano por la justicia española, y la ulterior declaración unilateral de independencia de la rica región nororiental.
La Fiscalía pide para ellos penas de entre siete y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, mientras que la Abogacía del Estado las rebaja a entre siete y 12 años al acusarlos de sedición -no de rebelión-, además de los otros cargos.
Decenas de miles de personas salieron el sábado último a las calles de Barcelona para exigir la independencia de Cataluña y expresar su indignación con las autoridades españolas por el proceso judicial que afrontan sus líderes.
(Prensa Latina)
