Roma, 10 mar (RHC) A pesar de la tregua lograda en las últimas horas, prosigue con fuerza en Italia el conflicto sobre la continuación de la construcción de la nueva vía férrea transfronteriza con Francia.

La obra que debe enlazar la norteña ciudad de Turín con la francesa de Lyon, es una línea mixta con especificaciones técnicas de interoperabilidad respecto a la red central europea, con 270 kilómetros de extensión, 189 en territorio francés y 81 en Italia.

Cuenta con una sección binacional de 65 kilómetros, el 89 por ciento de ellos correspondientes al túnel de base transalpino, núcleo de la fase acordada por ambas partes en 2012 y en el cual se centra el debate en torno al proyecto, actualmente en alrededor del 15 por ciento de ejecución.

Pensado en la década de 1990 como alternativa más veloz y eficiente a la vía construida a mediados del siglo XIX para el transporte de pasajeros y mercancías, el proyecto es apoyado por quienes lo consideran un factor importante para el desarrollo económico del país.

En contra están quienes lo creen demasiado costoso, innecesario, perjudicial para el medio ambiente y superado por las dos décadas transcurridas desde su concepción.

Abiertamente enfrentados sobre este asunto, la Liga, a favor, y el Movimiento 5 Estrellas (M5E), en contra, lo incluyeron en el contrato de gobierno suscrito cuando decidieron unir sus bancadas parlamentarias y formar la mayoría con la cual crearon el actual ejecutivo el 1 de junio de 2018.

El documento plantea que “con relación a la línea de Alta Velocidad Turín-Lyon, en la aplicación del acuerdo entre Italia y Francia, nos comprometemos a suspender las labores ejecutivas y rediscutir integralmente el proyecto”.

Como parte del análisis costo-beneficio en marcha, el gobierno acordó hace tres días realizar consultas adicionales con Francia y la Unión Europea a fin de verificar la conveniencia de la obra, a la luz de los más recientes estimados de volúmenes de tráfico ferroviario y la repartición del financiamiento de la obra.

La prolongación del análisis puso en riesgo la obligación de comunicar la decisión final antes de mañana día 11 cuando la sociedad Telt, encargada de la construcción, debía convocar a una licitación para la adjudicación de contratos.

En una acción inesperada, el primer ministro, Giuseppe Conte, encontró la víspera un subterfugio legal mediante el cual ganó otros seis meses para dirimir la controversia y enfriar así las crecientes tensiones entre la Liga y el M5E sobre este tema.

La modificación consiste en sustituir el término “convocatoria” a concurso, por un “aviso para recibir las manifestación de interés”, de los aspirantes a participar en la puja para la adjudicación de contratos relacionados con la construcción del túnel de base, por un monto de unos dos mil 300 millones de euros.

Una vez concluida la fase de recepción y evaluación de las manifestaciones de interés, Telt consultará el parecer de los gobiernos de los dos países, antes de pasar a la “convocatoria” para la adjudicación de los contratos, aunque el gobierno italiano podrá siempre recurrir a una “cláusula de disolución”.

Mientras tanto, la obra continúa, al menos en el plano de las gestiones administrativas, por lo que no se perderá el aporte de 300 millones de euros que debe hacer la Unión Europea en esta fase y en lo que respecta a la Liga y el M5E, ambos se siente vencedores, aunque en realidad lo que se logró fue una tregua.

De inmediato se produjeron reacciones en contra, entre ellas la del nuevo secretario del exgobernante Partido Democrático, Nicola Zingaretti, quien calificó la acción del gobierno como “una chapucería indecente y un daño inmenso a la credibilidad de Italia”.

En un mensaje publicado en la red social Twitter, Zingaretti señaló que “así se destruye la confianza” y en evidente referencia al contrato suscrito entre la Liga y el M5E para la formación del actual ejecutivo, añadió que “el gobierno se mantiene unido sólo por un pacto para la gestión del poder”.

Por su parte, Sergio Chiamparino, gobernador de la región de Piamonte, cuya capital es Turín, calificó la actuación del gobierno como propia de una “república bananera”, al consentir la recepción de las manifestaciones de interés, consciente de que al final no se adjudicarán los contratos.

Tomado de Prensa Latina