Lima, 18 jun (RHC) Aunque resultó rechazada por el Ministerio del Interior, la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) ratificó un paro nacional para el jueves próximo, para rechazar las medidas neoliberales con más explotación para la clase obrera.

El secretario general de la CGTP, Gerónimo López, calificó de antidemocrática, dictatorial y soberbia la decisión de la dirección del Ministerio del Interior de negar garantías constitucionales para la realización de la protesta.

Señaló que la disposición equivale a la proscripción y viola la Constitución y las normas de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

López contrastó la medida oficial con la tolerancia a una reciente movilización de elementos religiosos y políticos conservadores contra el enfoque de igualdad de género en la educación. “Cuando se trata de los trabajadores, amenazan con la represión policial”, dijo.

“Con garantías o sin ellas –agregó- el paro unitario nacional, cívico y popular se realizará de todas maneras” el jueves, con la participación de otras centrales sindicales y organizaciones de la sociedad civil, agrarias y regionales y partidos contrarios a la continuidad neoliberal.

El paro rechaza una norma de la llamada política de competitividad aprobada por el Gobierno, que pretende extender a otras áreas un régimen laboral con derechos reducidos que rige en el sector agrario.

El líder de la CGTP señaló que reducir los días de vacaciones, eliminar la reposición de despedidos injustamente, modificar los mecanismos de contratación y otras medidas atentan contra los trabajadores.

Dijo que la jornada del paro se caracterizará por movilizaciones que, pese a la negación de garantías, se proponen llegar al palacio de Gobierno y al parlamento, zonas vedadas para protestas.

El empresario Eduardo del Campo, dirigente de la Sociedad Nacional de Industrias, defendió la llamada reforma laboral decretada por el Gobierno y rechazada por el movimiento sindical.

Sin embargo, el exviceministro de Trabajo Alfredo Villavicencio expuso que la política de reducción de derechos laborales se aplica desde hace tres décadas y no ha conseguido los alegados objetivos de mejorar la productividad, formalizar el empleo y solo ha empobrecido a los trabajadores.