Naciones Unidas, 19 nov (RHC) El portavoz del secretario general de la ONU, Estéfan Dujarric, reiteró la preocupación del organismo multilateral ante lo que sucede en Bolivia y llamó a preservar la vida de los manifestantes.
Hemos visto reportes de cómo los civiles mueren en las protestas tratando de ejercer su derecho a expresarse y los responsables de esto deben rendir cuentas, dijo a la prensa acreditada en Naciones Unidas.
Asimismo, volvió a llamar al diálogo en esa nación, con el fin de encontrar una solución a la actual crisis.
En estos momentos, el enviado personal del secretario general de la ONU, Yanine Arnolt, se encuentra en Bolivia para participar en una iniciativa de diálogo que permita llevar paz a ese país, luego del golpe de Estado a Evo Morales.
Según informó Dujarric, Arnolt se reúne con actores políticos y sociales con el fin de encontrar una solución lo antes posible, lo cual incluye la convocatoria de elecciones generales.
Naciones Unidas ha pedido a las autoridades de facto de Bolivia contener la violencia y proteger las vidas humanas.
El Gobierno instalado en esa nación, encabezado por la autoproclamada presidenta Yanine Añez, ha desatado una violenta represión, al extremo de emitir un decreto que exime a los militares de responsabilidad penal en el control de las manifestaciones populares.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia interpuso un recurso para anular un decreto que concede licencia para matar a los militares que reprimen las protestas sociales en este país.
El Tribunal Constitucional Plurinacional recibió la acción para declarar inconstitucional el Decreto Supremo 4078, que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas por lo que hagan para restablecer el orden público.
El recurso alega que el referido decreto viola la Constitución Política del Estado, pues la seguridad es una labor de la Policía y no del Ejército, cuyos operativos han dejado numerosos muertos y heridos entre la población civil.
La represión castrense dejó varios muertos este martes en Senkata, en la ciudad de El Alto, donde los pobladores mantenían un bloqueo en respaldo al expresidente Evo Morales, forzado a renunciar por una espiral de violencia.
El pasado 10 de noviembre se consumó un golpe de Estado contra Morales, cuyo partido (Movimiento Al Socialismo) conserva la mayoría en el Congreso y no acepta a los nuevos titulares de la Cámara de Diputados y el Senado.
La diputada opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina de la nación hasta la convocatoria de nuevas elecciones, y concedió licencia para matar al Ejército que reprime las manifestaciones sociales.
Morales renunció para evitar un derramamiento de sangre, pero la violencia persiste y al menos nueve personas han muerto y 122 resultaron heridas por represión conjunta de la policía y las fuerzas armadas en apenas cuatro días.