La Paz, 4 dic (RHC) La bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) divulgó una ley de garantías constitucionales para preservar la vida de los líderes  autoridades elegidas y dirigentes sociales, en medio de una ola represiva desatada en Bolivia.

“Es una ley que garantiza las libertades establecidas en la Constitución, al igual que el derecho a la libre expresión, la presunción de inocencia y el debido proceso”, explicó el diputado Franklin Flores, del MAS, mayoritario en el poder legislativo.

La propuesta fue planteada en medio de una campaña mediática y política que busca criminalizar al MAS y sus dirigentes, al extremo de acusar de terrorismo al expresidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y otros exgobernantes y dirigentes.

La campaña coincide con otras acciones y acusaciones contra dirigentes del MAS, y políticos y medios de comunicación de línea afín al régimen producto del golpe de Estado que el 10 de noviembre obligó a renunciar a Morales, sostienen que la ley busca supuestamente la impunidad del líder indígena y de los participantes en las protestas contra la asonada.

“Esta es una ley de amnistía para Evo Morales, el exministro Juan Ramón Quintana, dirigentes y exautoridades del MAS”, sostuvo el parlamentario Gonzalo Barrientos, de la minoría derechista legislativa que secunda al gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.

Barrientos imputó a los exgobernantes y líderes sociales “los delitos de terrorismo, de sedición, de organización criminal y de lesa humanidad”, a tiempo que soslayó matanzas cometidas por órdenes gubernamentales en la represión de las protestas antigolpistas.

Flores, a su vez, negó que se trate de una ley de amnistía, pues no está referida a determinados beneficiarios, sino una norma que garantiza la protección de derechos y libertadas constitucionales.

El clima de persecución al MAS se evidenció ayer al pedir otro parlamentario derechista, Tomás Monasterio, la detención de Alpacino Mojica, excandidato de la organización al parlamento, por el departamento oriental de Santa Cruz, por aceptar que tuvo como asesor electoral al exalzado peruano Martín Serna Ponce.

Mojica dejó en claro que la labor de Serna fue legal y que nada tiene que ver con las actividades ilegales anteriores del peruano, que estuvo preso en Bolivia, por el secuestro del empresario y político boliviano Samuel Doria Medina, realizado por un comando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en 1995.

Serna Ponce radicaba legalmente en Santa Cruz y hasta era accionista mayoritario de una empresa de decoraciones, según una escritura legal de 2016.

Tanto el peruano como el MRTA son incluidos en el organigrama presentado por las autoridades de facto, para sostener que el MAS está involucrado en una supuesta organización terrorista internacional, lo que para críticos del gobierno es un montaje para justificar la represión.

Sin embargo, fuentes cercanas a la embajada peruana anotaron que el MRTA como tal ya no existe, pues fue desarticulado hace más de 20 años, tras la toma militar de la embajada de Japón en Lima, ocupada por el grupo, cuyos integrantes anunciaron hace varios años su integración a un partido legal, con fines de participación en elecciones.