Alerta sobre falsas acusaciones del gobierno de Duque
Brasilia, 7 jul (RHC) El Grupo de Puebla expresó su preocupación sobre los procesos judiciales abiertos por organismos de Colombia, como la Fiscalía General y la Procuraduría, en contra de figuras opositoras.
El foro político, que agrupa a representantes de la izquierda iberoamericana, llamó la atención al respecto de las causas judiciales abiertas en contra de legisladores, gobernadores y alcaldes de la oposición colombiana, detractores del presidente Iván Duque.
Por medio de un comunicado del Grupo de Puebla indicó que entre los parlamentarios procesados se encuentran Iván Cepeda, María José Pizarro, Alexander López y Wilson Arias.
El texto también relaciona a: los precandidatos a la presidencia Sergio Fajardo y Gustavo Petro, los gobernadores Carlos Caicedo y Aníbal Gaviria y el exgobernador y precandidato Camilo Romero.
El Grupo de Puebla refiere que las causas a los políticos, críticos del presidente Duque, se debe en parte a los mensajes de apoyo y solidaridad a las personas que han participado en las protestas y manifestaciones en el marco del Paro Nacional.
De acuerdo con la alianza progresista las acciones judiciales emprendidas por el Gobierno colombiano se corresponden a una forma de judicialización de la política (lawfare) que convierte en procesos judiciales o disciplinarios acciones e iniciativas propias del libre ejercicio de la democracia desconociendo, en el caso colombiano, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2020 sobre garantías a la protesta social y los límites del ejercicio de la fuerza pública para controlarla.
La alianza instó al Gobierno de Iván Duque a tomar el camino del “diálogo social amplio y plural” y a respetar los derechos constitucionales de los opositores al gobierno.
También solicitó al Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia de la organización a la creación de un equipo de “exmagistrados y defensores de los derechos humanos”, que se ocupe de asegurar “la protección de la protección de la vida, la libertad y los derechos de la oposición en Colombia”, de manera permanente hasta la celebración de las próximas elecciones.
(Telesur)
