Foto: Diario La Hora.
Quito, 9 oct (RHC) Un equipo especializado de la Asamblea Nacional de Ecuador tiene en sus manos hoy la responsabilidad de investigar al presidente de la República, Guillermo Lasso, incluido en el informe Pandora Papers.
La indagación recayó en la Comisión Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la interculturalidad, según la decisión adoptada por el pleno del legislativo.
Entre las funciones de la comitiva consta solicitar comparecencias y requerir la información que considere necesaria, con el fin esclarecer la presunta vinculación del mandatario con depósitos y sociedades en paraísos fiscales.
Para facilitar el estudio, quedó dispuesto que la mesa de Fiscalización y Control Político remita de manera inmediata toda la información y documentación referente al caso, que salió a la luz a través de un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Una vez concluida la investigación, así como el periodo de comparecencia y pedido de datos pertinentes, la Comisión elaborará un informe pormenorizado, con sus respectivas recomendaciones, que será conocido y debatido ante el Pleno de la Asamblea Nacional.
Todo el proceso contará con un período de máximo de 30 días, contados a partir de la notificación de la resolución. De acuerdo con los Pandora Papers, Lasso es uno de los tres mandatarios con empresas en países considerados paraísos fiscales.
La lista incluye a los jefes de estado de Chile, Sebastián Pinera; y de República Dominicana, Luis Abinader, así como otras figuras mundiales de la política y la cultura.
Según el reporte, Lasso tuvo 14 sociedades, de las cuales disolvió 11 en 2017, previo a su nominación como candidato a la presidencia, lo cual fue ratificado por el dignatario, quien además señaló que no guarda relación con las otras tres compañías.
Además de la Asamblea Nacional, varias organizaciones sociales exigen al gobernante transparentar el tema.
Por su parte, el presidente ecuatoriano renunció al sigilo bancario a fin de permitir a la Contraloría General que realice un examen de su declaración patrimonial juramentada.
Asimismo, el lunes próximo recibirá a la Comisión de Fiscalización del parlamento para responder cualquier requerimiento sobre el polémico asunto. (Fuente: Prensa Latina).
