Imagen ilustrativa tomada de PL

Ciudad de Panamá, 25 may (RHC) Como algo insólito catalogaron este sábado la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá que frustra una investigación sobre el desembolso millonario de recursos a comunidades sin presentar informes de gastos.

El Supremo concedió un amparo de garantías constitucionales que presentó el director de la Autoridad Nacional de la Descentralización (AND), Edward Mosley , para impedir que el procurador de la Administración, Rigoberto González , investigue los supuestos desvíos de fondos a juntas comunales controladas por miembros del gobernante Partido Revolucionario Democrático.

El pleno adoptó esta decisión el 2 de octubre de 2023, pero fue comunicada la víspera, casi ocho meses después, lo que para el diario La Prensa, significa un carpetazo a las diligencias de González para conocer el paradero de los fondos asignados a la descentralización.

Al respecto, el abogado y ahora diputado electo Ernesto Cedeño se ha quejado de la lentitud de la CSJ para resolver el problema, aduciendo que la ciudadanía quiere conocer el destino de millones de dólares entregados por la AND.

El amparo sostiene que el procurador González “carece de competencia para gestionar o iniciar investigaciones preliminares y exigir informes explicativos sobre quejas y denuncias contra funcionarios públicos”.

A juicio de González, múltiples fallos del pleno de la Corte y de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo han reconocido la atribución constitucional y legal que mantiene la Procuraduría de la Administración para investigar, en ese ámbito, a los funcionarios con mando y jurisdicción.

De manera consistente, el Supremo se ha negado a proporcionar información sobre cuáles han sido los gobiernos locales a los que se les han transferido fondos, el monto asignado y los criterios atendidos para entregar dichos recursos.

Una investigación del rotativo reveló que entre el 7 de junio de 2021 y el 23 de junio de 2023, la AND realizó desembolsos por al menos 260.9 millones de dólares a juntas comunales controladas por militantes o aliados del PRD, fuera de la fórmula establecida por la ley de descentralización.

También, varios representantes de corregimiento y alcaldes de partidos de oposición se han quejado de la manera en que se han asignado dichos recursos.

Sin embargo, el contralor Gerardo Solís, centro de constantes críticas y denuncias por parte de organizaciones sociales, dio su espaldarazo a la gestión realizada por los funcionarios de la actual administración con los fondos de la AND.

Sobre el tema, el diputado por libre postulación, Juan Diego Vásquez, llegó a denunciar a Mosley por el incumplimiento de los deberes públicos, que es un delito investigado por la fiscalía, al negarse a brindar información requerida sobre el destino de los recursos del Estado.