Quito, 6 ago (RHC) La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador suspendió este martes la sesión en la cual estaba previsto el análisis de un informe sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

El documento que sería tratado este martes, a casi un año del crimen, fue aprobado en una comisión especial creada para investigar lo ocurrido el 9 de agosto de 2023.

En dicho informe se acusa al expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) de no haber velado por la seguridad pública, asegurando que eso pudo haber evitado la ola delincuencial que produjo asesinatos, entre ellos el de Villavicencio.

Para los asambleístas del movimiento Construye, al cual representaba Villavicencio en el momento de su muerte, señalan que es necesario dejar claro que fue un crimen político.

Los legisladores de esa organización insisten en que el homicidio se dio por la incomodidad que sus investigaciones generaban en sectores políticos y del crimen organizado.

El mes pasado, el Tribunal de Garantías Penales en Ecuador condenó por el homicidio a 34 años de cárcel a Edwin Angulo (alias Invisible) y Laura Castillo, considerados autor mediato y coautora del crimen, respectivamente.

Otras tres personas fueron sentenciadas como cómplices y pagarán una pena de 12 años y una multa.

Villavicencio fue acribillado a tiros cuando salía de un mitin de campaña en Quito, apenas 11 días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas de 2023.

La Fiscalía dice tener pistas sobre los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, pero la investigación está bajo reserva, publicó este martes el canal local Ecuavisa, mientras familiares piden celeridad y transparencia en la investigación.

Luego del homicidio, un grupo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos llegó a Ecuador para colaborar con las pesquisas por pedido del entonces presidente Lasso.

Verónica Sarauz, viuda del excandidato, dijo al diario La Hora que los representantes de esa agencia entrevistaron a los sicarios y les ofrecieron protección a cambio de llegar a los autores intelectuales, pero varios de ellos fueron asesinados en prisión.

“La fiscal general del Estado, Diana Salazar, tiene las grabaciones”, indicó Sarauz, sin embargo, nada se ha mencionado públicamente sobre ese tema.(PL)