Brasilia, 23 mar (RHC) La renuncia no figura entre las opciones que, en busca de una salida a la crisis política que vive hoy Brasil, valore la presidenta Dilma Rousseff, cuyo mandato constitucional expira solo en el año 2018.

No renunciaré bajo ninguna circunstancia, aseguró la víspera la mandataria en un encuentro con juristas reunidos "Por la legalidad y en defensa de la democracia", los cuales le ofrecieron todo su respaldo, destaca Prensa Latina.

Rousseff denunció que en el país está en curso un golpe contra la democracia y comentó que preferiría no vivir este momento.

Pero algo debe quedar claro: me sobran energía, disposición y respeto a la democracia para enfrentar la conjura que amenaza la normalidad constitucional y la estabilidad de la nación, remarcó.

Advirtió que las asonadas golpistas pueden describirse con muchos nombres, pero serán siempre lo mismo, la ruptura de la legalidad. En este caso, no caben medias palabras, lo que está en curso hoy en Brasil es un golpe contra la democracia, sostuvo.

Precisó que la amenaza a la normalidad constitucional y estabilidad democrática de la nación tiene varias partes y una de estas es el proceso de interpelación contra su mandato que lleva adelante la Cámara de Diputados, pues éste carece de base legal.

No cometí ningún delito previsto en la Constitución y las leyes para justificar la interrupción de mi administración, dijo y enfatizó que quien es condenado por un crimen que no cometió, sufre una injusticia brutal.

Ya padecí eso antes, durante la dictadura, y lucharé para no ser víctima de nuevo, ahora en plena democracia, afirmó.

Durante el encuentro, el gobernador del estado de Maranhao y ex presidente de la Asociación Nacional de Jueces, Flavio Dino, ratificó que el trámite para un posible juicio político contra Rousseff iniciado en el Congreso es "una anomalía sin pruebas y sin dolo por parte de la Presidenta de la República".

Las acusaciones, que se fundamentan en maniobras contables (las llamadas pedaladas fiscales), están muy lejos de caracterizar un delito de responsabilidad, declaró Dino, citado por el portal informativo 247.

En ese mismo sentido, el profesor titular de Derecho de la Universidad Federal de Pernambuco, Francisco Queiroz Bezerra Cavalcanti, advirtió que si se aprobara la interpelación contra Rousseff por las pedaladas fiscales, otros 16 gobernadores estaduales deberían ser también procesados y apartados de sus cargos.

Estamos en un momento en que los golpes de Estado no son dados por las fuerzas armadas, sino mediante artificios jurídicos, y eso es terrible, lamentó.

Por otra parte, las principales centrales obreras del país convocaron para hoy una Plenaria Nacional de Sindicalistas en defensa de la democracia, del Estado de Derecho y contra el golpe.

En el llamado a participar en el foro, los organizadores señalaron que si el Congreso llega a cesar el mandato de la Presidenta, electa democráticamente por el voto popular, centenas de proyectos de ley que eliminan derechos conquistados en los últimos 12 años de gobierno del Partido de los Trabajadores serán votados de inmediato.