Cuba prioriza la aplicación de mecanismos jurídicos que protejan los derechos de los ciudadanos ante los nuevos precios. Foto: Prensa Latina

La Habana, 26 feb (RHC) Cuba prioriza la aplicación de mecanismos jurídicos que protejan los derechos de los ciudadanos ante los nuevos precios en el país por el reordenamiento económico y el impacto negativo de la Covid-19.

Así lo confirmaron en la televisión nacional directivos del Ministerio de Finanzas y Precios, quienes además subrayaron la voluntad gubernamental de atender las inquietudes expresadas por la población sobre violaciones en temas de precios y normas.

El Decreto 30 del Consejo de Ministros, en vigor desde este mes, enfrenta las indisciplinas e ilegalidades relacionadas con precios y tarifas, señaló la viceministra de esa cartera Lourdes Rodríguez en el programa Mesa Redonda.

De acuerdo con Rodríguez, se trata de una norma jurídica que incluye a todos los actores económicos y funciona igual para el sector estatal como privado.

Además, el Decreto contempla como novedad su aplicación a todas las personas naturales, no solo a los vendedores, sino también a quienes tengan alguna responsabilidad en la cadena de ese comercio.

De hecho, los directivos del Ministerio de Finanzas y Precios subrayaron la severidad con que debe aplicarse esta norma a las administraciones que no actuaron a tiempo para impedir las violaciones.

"Hay una vigilancia en el cumplimiento de los precios, previstos dentro de la Tarea de Ordenamiento, que rigen los principales productos y servicios a la población, tanto en los relativo al ámbito mayorista como minorista", reiteró.

Lo anterior constituye una de las principales diferencias respecto al Decreto 227 aplicado con anterioridad y que solo actuaba sobre los precios mayoristas.

Según la directora de Inspección de la cartera, María Josefa Pérez, las cuantías de las contravenciones previstas en la nueva norma jurídica están de los dos mil 500 a los 15 mil pesos cubanos.

Explicó que el mecanismo jurídico contempla el proceso de transformación de salarios de la población como parte de la Tarea Ordenamiento, introduce la definición de precios abusivos y especulativos y tiene en cuenta la previa concertación con los diferentes actores económicos a nivel territorial.

Pérez mencionó que el ministerio realizó hasta la fecha más de 89 mil acciones de control de precios minoristas y alrededor de siete mil en el ámbito mayorista.

Las autoridades comentaron que se aplicaron dos mil 880 multas con un importe total de más de 17 millones de pesos.

Desde el primero de enero pasado el Gobierno implementa la Tarea Ordenamiento que unificó los tipos de cambio, eliminó la circulación del peso convertible y estableció una reforma general de salarios y precios. (Fuente: Prensa Latina)