por Roberto Morejón
La economía cubana tuvo un primer semestre modesto, al crecer 1%, por debajo de lo previsto, pero proseguirá la actualización del modelo, acorde con los requerimientos internos y la adversa coyuntura internacional.
Es cierto que restricciones en los suministros externos de petróleo y la baja de ingresos por la venta de renglones tradicionales adicionaron tensiones a la economía doméstica.
Pero la actualización del modelo económico continuará y hacia allí apunta, por ejemplo, el alza del trabajo por cuenta propia, modalidad a la que se han sumado más de 507 000 personas, según datos de marzo último, cifra no alcanzada en medio siglo.
Las empresas privadas de mediana, pequeña y micro-escalas tributan al desarrollo local por el concepto de impuestos y a los encadenamientos productivos de los que está necesitada la economía nacional.
Se abren paso igualmente 383 cooperativas no agropecuarias que desde 2013 funcionan de forma experimental para exonerar al Estado cubano de determinadas actividades y poder así concentrarse en las líneas fundamentales de desarrollo del país.
Muchas entidades estatales, como las del comercio, gastronomía y servicios, optan por arrendarles espacios y equipamiento a sus trabajadores para establecer esas cooperativas que aportan ingresos al tesoro público por concepto de impuestos.
Las adecuaciones comprendidas en la actualización del modelo económico no implican suprimir el papel esencial de la empresa estatal.
El gobierno la ubica entre las principales líneas de progreso, con vistas a hacerla más eficiente y desarrollar las fuerzas productivas.
De ahí que los cubanos no definan como reformas sus cambios sino una actualización del modelo sin privatizaciones y terapias de choque.
Ahora bien, la empresa estatal que se perfila en Cuba gana en autonomía y sus directivos asumen más facultades de decisión en busca de la eficiencia, todo un reto después de un vínculo estrecho con los ministerios.
Para garantizar el crecimiento de la economía y sobre todo el modelo de desarrollo, el gobierno cubano decidió además incrementar las inversiones y el financiamiento externo.
Por ese motivo el parlamento aprobó una nueva Ley para la Inversión Extranjera que ofrece a los hombres de negocio la protección a las propiedades adquiridas, ventajas fiscales y libre transferencia al exterior de las utilidades.
Cuba presentó 326 proyectos a inversionistas extranjeros y priorizó la Zona Especial de Desarrollo Mariel, al oeste de La Habana, considerada eslabón primordial en el fomento de las exportaciones nacionales.
El proceso de cambios debe continuar aun cuando estén en sintonía con restricciones materiales más recientes.