Por: Guillermo Alvarado

El proceso de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, las FARC-EP, dio un paso más hacia adelante cuando la Corte Constitucional aceptó la realización de un plebiscito como fórmula para aprobar los acuerdos del ejecutivo y la organización insurgente.

La consulta se celebrará después que se haya firmado el acuerdo final de paz, siguiendo la estrategia establecida para las conversaciones que tienen como sede la ciudad de La Habana desde 2012 de que “nada está acordado, hasta que todo se haya acordado”.

Una vez rubricado ese pacto, el presidente Juan Manuel Santos solicitará de manera formal la autorización para realizar el evento, al cual estarán convocados los 34 millones 700 mil ciudadanos registrados en el padrón electoral, incluidos los que residen en el extranjero.

La única pregunta será si aprueba o no el acuerdo final de paz y para que la consulta tenga éxito hace falta que alguna de las dos opciones alcance por lo menos el 13 por ciento del padrón, unos cuatro millones de sufragios, y esté, por supuesto, por delante de la otra.

Antes el gobierno tendrá la obligación de divulgar el contenido de los acuerdos de la manera más amplia, traducirlo para la población que no habla español y dar facilidades a los débiles visuales o analfabetas para comprender a cabalidad su contenido.

La votación no podrá ser antes de pasado un mes de firmado el acuerdo final, ni después de cuatro meses y la campaña se limitará estrictamente a promover el sí o el no, sin ningún otro contenido político o partidista.

Una de las limitaciones de este tipo de consulta es que los resultados sólo son vinculantes para el presidente de la República, quien de ganar el sí tendrá que realizar todas las acciones para implementar los acuerdos y llevarlos a la práctica.

Las FARC-EP habían propuesto otro tipo de mecanismo, que elevara todo lo egociado a rango constitucional para garantizar automáticamente su efectividad independientemente de la voluntad del ejecutivo.

No obstante, en la reunión del 23 de junio en La Habana, cuando se acordó el cese bilateral y definitivo del fuego, los insurgentes se comprometieron a acatar las decisiones emanadas de la Corte Constitucional.

La ex senadora Piedad Córdova aseguró que la campaña por el sí promovida por sectores de la izquierda tiene como propósito alcanzar por lo menos 10 millones de votos para imponerse a quienes adversan la paz y se benefician con la guerra.

Una vez finalizado el enfrentamiento con las FARC-EP quedan pendientes

temas espinosos, como las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, la lucha contra el narcotráfico y las bandas armadas irregulares y la eliminación de las bases militares estadounidenses, que constituyen una amenaza a la estabilidad de Colombia y de toda la región. FIN