por Guillermo Alvarado

Sin existir en su territorio un conflicto armado interno declarado, México es el país en América Latina y El Caribe que cuenta con uno de los más elevados índices de personas víctimas del delito de desaparición, sin que hasta el momento el Estado haya demostrado la menor voluntad política de enfrentar este flagelo y darle una respuesta a los seres queridos de quienes fueron sustraídos.

Según diversas fuentes existen hasta el momento 27 000 casos, pero esa cifra puede ser mayor porque en muchas ocasiones las autoridades se niegan a aceptar las denuncias al respecto, o sencillamente los familiares renuncian a buscar ayuda o justicia, por considerar que ésta nunca llegará.

Desde el 23 de febrero de 2013 la secretaría de Gobernación anunció la creación de un equipo especial dedicado a investigar el paradero de los desaparecidos, pero más de tres años después no existen resultados.

El organismo Legislativo tampoco ha sido capaz de discutir y promulgar una ley para prevenir ese delito y obligar al Estado a ubicar a quienes un día por diferentes razones se evaporaron y nunca más se volvió a tener noticia de ellos.

Ante la ausencia de una acción efectiva de los aparatos de seguridad o justicia, son las organizaciones creadas por los familiares, o directamente por esas mismas familias, quienes adelantan indagaciones para conocer el paradero de las víctimas, promover la investigación de fosas clandestinas y las actividades forenses correspondientes, pero siempre chocan con la falta de voluntad oficial y la carencia de recursos.

Excepto algunos casos que despertaron el interés nacional e internacional, como el de los 43 estudiantes de una formadora de maestros del municipio de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que pronto cumplirá dos años sin respuesta, un ominoso silencio pesa sobre la inmensa mayoría de los restantes.

De acuerdo con los tratados sobre esta materia, la desaparición está considerada como un delito de lesa humanidad, que no prescribe jamás y es de persecución obligatoria.

Se estima que este crimen se continúa cometiendo durante todo el tiempo hasta dar con el paradero o conocer con certeza cuál fue el destino de la víctima.

Se trata de una acción cruel, que mantiene durante muchos años en la incertidumbre y el sufrimiento a toda la familia y el entorno de quien sufrió esta afrenta.

En el caso de la desaparición forzada, como se caracteriza a la perpetrada por autoridades o representantes del Estado, el caso es aún más desesperado, porque quienes debieran investigar son de alguna manera cómplices, por acción o por omisión, de los autores materiales o intelectuales.

En tanto crece la presión popular para esclarecer este delito, que se comete de manera casi cotidiana, el común denominador es un silencio casi absoluto, o una ineficacia total por los aparatos del Estado y los servidores públicos, que prometen sin cumplir, como siguiendo los dictados de aquella popular canción mexicana que en uno de sus estribillos dice: “a todos diles que sí, pero no les digas cuándo”.