por Roberto Morejón

Desde su asunción como presidente interino de Brasil, Michel Temer apostó por un drástico recorte de gastos públicos y revertir las políticas de amparo social del ex presidente Luis Inacio Lula Da Silva y la ahora destituida Jefa de Estado, Dilma Rousseff.

El gobierno en funciones actuó como si fuera reglamentario y discutió alteraciones profundas a cuestiones laborales y de jubilación, además de modificar áreas, entre ellas salud, educación y vivienda.

Los funcionarios de Temer, quien finalmente capturó el poder mediante un impúdico golpe de estado parlamentario, trabajan para aprobar la Propuesta de Enmienda Constitucional 241 que establece un techo para la inversión pública en el futuro.

El proyecto permitiría que 25% de los gastos de la Unión, estados y municipios sean desvinculados, o sea, dejen de ser obligatoriamente invertidos.

El Sistema Único de Salud, ahora gratuito, podría perder hasta el equivalente de 24 400 millones de dólares en 20 años.

En el área de educación, la política económica austera de Temer ya surte efectos al rebajar 20% de las becas de iniciación científica en Brasil.

El ministro de Desarrollo Social, Osmar Terra, ordenó que la Compañía Nacional de Abastecimiento de alimentos devuelva el equivalente de 52 millones de dólares a esa institución, por lo que se dispondrá de menos nutrientes para la distribución popular.

La disposición se añade a la venidera extinción del Ministerio de Desarrollo Agrario, decretada desde que Temer asumió la presidencia interina.

El político que se desempeñaba como vicepresidente del país y traicionó a Dilma, defendió asimismo la idea de establecer una edad mínima para las jubilaciones entre los 65 a 70 años y equiparar a trabajadores rurales y urbanos.

Si bien la recesión económica surgió con anterioridad, bajo el mandato de Temer prosigue, pues el Producto Interno Bruto acumuló cinco trimestres en números negativos y el Fondo Monetario Internacional espera una contracción de 3.3% en 2016.

Por su lado, la inflación se encuentra actualmente en 8.84%, por encima de la meta de 4.5% del Banco Central de Brasil.

La tasa de desempleo subió a 11,6% hasta julio y elevó el número total de cesantes a 11,8 millones.

Sin dudas resulta desfavorable el balance del régimen establecido subrepticiamente, como lo denunció Dilma Rousseff ante el Senado.

En su alegato, afirmó que la democracia ha muerto y que las mejoras sociales alcanzadas están en peligro.

Las aseveraciones de Dilma son acertadas porque con el argumento de recuperar el equilibrio fiscal, el ahora presidente efectivo de Brasil impulsa feroces recetas neoliberales, a fin de agradar a los organismos crediticios y a las transnacionales.