por Guillermo Alvarado

Esta semana se vivió un episodio más de la cruda ofensiva de la derecha brasileña y regional contra el Partido de los Trabajadores, PT, cuando el fiscal Deltan Dallagnol anunció graves acusaciones contra el expresidente Luis Inacio Lula da Silva, fundador y líder de esa organización política y que se plantea como una alternativa viable para las elecciones de 2018.

Según el magistrado, a quien se le conoce en ese país sudamericano por su afición a las declaraciones que susciten escandalosos titulares en los medios de comunicación, Lula habría sino nada menos que el jefe máximo de una red de corrupción durante su gobierno, con el propósito de perpetuarse en el poder.

Dallagnol presentó un esquema en que el antiguo jefe de Estado aparece en el centro de un amplio organigrama donde hay de todo, menos pruebas fidedignas que sustenten la acusación. Interrogado, el fiscal argumentó que se basa en “datos e indicios”, pero se abstuvo cuidadosamente de explicar ninguno de ellos.

Es una jugada muy parecida a la que se utilizó para sacar del poder a la legítima presidenta Dilma Rousseff, contra la cual se urdió una trama legislativa y que terminó cuando 61 senadores, muchos acusados de corrupción y sin lograr demostrar que ella cometió algún delito, decidieron ignorar a más de cincuenta millones de ciudadanos que la llevaron hasta la primera magistratura y pusieron en su lugar al traidor Michel Temer.

Un circo parecido se monta ahora en torno a Lula da Silva para intentar su inhabilitación política y sacarlo de la carrera electoral.

Ya es harto conocido que en estos momentos en Brasil acusar sin pruebas se está volviendo un peligroso hábito, que no altera para nada el retorcido concepto de justicia que tienen muchos fiscales, jueces o políticos, que actúan exclusivamente en beneficio de la derecha y del poderoso sector empresarial.

Poco antes de conocerse la acusación, de tintes evidentemente políticos, Lula había señalado su intención, no sólo de hacer oposición al régimen de Temer, sino de promover la renovación del PT y presentarlo como una alternativa sólida de cara a los comicios que tendrán lugar en dos años.

El expediente está ahora en manos del juez provincial Sergio Moro, un aliado incondicional de los sectores conservadores y ensalzado por los grandes medios de comunicación, por lo que aún sin prueba alguna, el proceso podría llevarse a cabo.

La expresidenta Roussef, destituida el 31 de agosto en un amañado proceso legislativo, calificado generalmente como un golpe de Estado blando, dijo que la arremetida contra Lula es un nuevo ataque a la democracia y la justicia y tiene el claro propósito de desarticular al PT como una fuerza política representativa.

Este caso demuestra, además, que la justicia brasileña está vendida a la derecha empresarial y política, que busca por todos los medios desmontar los cambios progresistas de los últimos años que sacaron a millones de personas de la pobreza y el hambre y le dieron al gigante sudamericano un halo de dignidad y respeto regional y mundial.