Por: Guillermo Alvarado
Hay un conflicto armado menos en el mundo y es el de Colombia, afirmó ante la Asamblea General de la ONU el presidente Juan Manuel Santos cuando le hizo entrega al máximo dirigente de esa entidad, Ban Ki-Moon, del acuerdo que contiene los parámetros de la paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, las FARC-EP.
Se dio de esta manera un paso que consolida el proceso iniciado hace cuatro años en La Habana, la capital de Cuba, que fue la sede de las negociaciones entre el ejecutivo y las fuerzas rebeldes para terminar el enfrentamiento más largo en la historia de nuestro continente.
Quedan por delante serios retos que enfrentar y el principal de ellos es el plebiscito que tendrá lugar el próximo dos de octubre y donde la población decidirá si apoya la paz y otorga al presidente Santos el mandato para implementar los acuerdos.
Los enemigos de la concordia y el entendimiento, encabezados por los expresidentes Alvaro Uribe y Andrés Pastrana, se movilizan con el falaz argumento de que se les hicieron demasiadas concesiones a los insurgentes. Cuentan con el apoyo de algunos medios de comunicación locales y foráneos que se dedican a publicar artículos donde se erosiona la validez del pacto conseguido tras cuatro años de arduo trabajo y tratan de dar la imagen de que la opción del No crece, cuando las encuestas apuntan en la dirección contraria.
Una vez superada la etapa de la consulta popular, hará falta llevar a la práctica todo lo acordado, lo que implica incluso un importante costo financiero, que los expertos han calculado en unos 31 mil millones de dólares.
Si bien una parte de estos recursos fueron prometidos por la comunidad internacional, el esfuerzo mayor debe hacerlo el Estado colombiano, pero es indispensable para garantizar, entre otras cosas, la reinserción laboral de los desmovilizados lo que significa no sólo la creación de fuentes de trabajo, sino de centros de preparación técnica y profesional.
Otra cuestión de la mayor importancia es la seguridad de los rebeldes, que pasarán ahora a una vida civil y quedan expuestos a represalias o agresiones de la extrema derecha y de los grupos armados irregulares que son subproducto del paramilitarismo incitado por gobiernos anteriores, entre ellos el de Uribe.
Las condiciones han cambiado, pero los colombianos no olvidan el exterminio sistemático de que fueron víctimas los miembros de la Unión Patriótica, un grupo guerrillero que pactó la paz con la administración de Belisario Betancur y en poco tiempo perdió más de cinco mil militantes, entre ellos dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 70 concejales y 11 alcaldes.
Otros dos temas espinosos son las negociaciones con la otra organización rebelde, el Ejército de Liberación Nacional, así como la salida de Colombia de las bases militares que Estados Unidos tiene en ese país. Sin estos requisitos, la paz nunca será completa en la hermana nación sudamericana.
