por Guillermo Alvarado

Dos años después de la desaparición forzada de 43 estudiantes de una escuela formadora de maestros del municipio de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, los familiares de las víctimas continúan preguntando a las autoridades cual es el paradero de sus hijos, pero el silencio se mantiene como única respuesta.

En la noche del 26 de septiembre de 2014 los jóvenes ocuparon varios autobuses para trasladarse a la vecina ciudad de Iguala, donde planeaban participar en una protesta para exigir mejores condiciones de educación.

De acuerdo con las hipótesis más sólidas, en el trayecto fueron interceptados por policías municipales, secuestrados y entregados a una organización criminal denominada “guerreros unidos”, quienes los habrían asesinado.

Hasta el momento las autoridades han sido incapaces de determinar qué ocurrió después. En un primer momento la fiscalía pretendió imponer la disparatada “verdad histórica” de que, tras la ejecución, los asesinos incineraron los cuerpos en un basurero y luego arrojaron las cenizas a un río para borrar cualquier rastro.

Una comisión de expertos independientes demostró que científicamente es imposible realizar una acción de esa naturaleza porque la cantidad de combustible hubiese sido inmensa y la hoguera tendría que arder durante varios días y dejar una huella profunda en el lugar, cosa que no ocurrió.

Lugareños afirman que en esos días, como es típico en esta temporada, llovió mucho, lo que confirma la imposibilidad de una incineración a cielo abierto.

A pesar de la detención de unas cien personas, entre policías, delincuentes y hasta el alcalde de Iguala y su esposa, las indagaciones no avanzan, o por lo menos los padres no reciben ninguna noticia de los estudiantes, que se mantienen bajo el estatus de desaparecidos.

El caso le dio una mayor relevancia a este penoso fenómeno que ha ocasionado más de 28 mil víctimas desde 2006, cuando el gobierno mexicano, a instancias de Estados Unidos, declaró la guerra a las mafias del narcotráfico.

La lucha de los padres de Ayotzinapa ha motivado a otros familiares de desaparecidos a organizarse para exigir una explicación a las autoridades y obligó a los aparatos de justicia a abrir nuevos cauces de investigación para dar con el paradero de los estudiantes o conocer a ciencia cierta cuál fue su destino.

Mientras tanto este crimen es un bochorno permanente para el presidente Enrique Peña Nieto y demuestra, además, la tenebrosa política antidrogas de Estados Unidos, que en lugar de perseguir y prevenir el tráfico y el consumo dentro de sus fronteras, donde está el mayor mercado del mundo, impone guerras al sur del río Bravo para que nuestros pueblos pongan los muertos y el sufrimiento.

Hasta ahora, que se sepa, esta absurda guerra no ha disminuido el índice de uso de drogas en la nación norteña, pero el de muertes y criminalidad en México crece sin tregua y los carteles son cada vez más poderosos, lo que motiva una lógica pregunta: ¿a quién, en realidad, beneficia esta situación? ¿Quién se está haciendo rico a costa del dolor de gente sencilla, como los estudiantes de Ayotzinapa y sus padres?