por María Josefina Arce
Nicaragua espera recibir antes de concluir el presente año inversiones por 1 500 millones de dólares, cerca de 300 millones más que en 2015, lo que se traducirá en una mejoría del nivel de vida de la población del país centroamericano.
De acuerdo con las autoridades, el sostenido crecimiento económico, la tranquilidad, estabilidad, paz social y seguridad ciudadana existente en territorio nicaragüense estimulan el interés de los empresarios foráneos.
Sin embargo, la meta de Managua de continuar incentivando la entrada al país de capitales para afianzar su modelo socioeconómico a favor de un desarrollo sostenible y en beneficio de todo el pueblo está amenazada por las acciones injerencistas de Estados Unidos.
En septiembre pasado la Cámara de Representantes de ese país norteño aprobó un proyecto de ley, que busca condicionar préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua a lo que denomina la celebración de unas elecciones "libres, justas y transparentes" el venidero 6 de noviembre.
El gobierno de Nicaragua rechazó la medida del Congreso norteamericano, la cual, dijo, es “parte habitual de la política injerencista que, a través de la historia, ha intervenido en nuestros propios y soberanos procesos políticos, sociales y económicos, y de manera intensiva y particular en momentos electorales”.
La realidad es que las encuestas auguran una mayoría abrumadora para la candidatura del actual presidente Daniel Ortega, quien desde su retorno al poder en 2007 ha promovido profundos cambios en Nicaragua en beneficio de los sectores más humildes.
La propuesta de ley estadounidense, conocida como "Nica Act", "podría provocar la caída de la inversión en el sector público en un 5 % entre 2018 y 2020 o un estancamiento de las inversiones privadas.
Para entrar en vigor, la criticada propuesta de ley estadounidense debe ser aprobada por el Senado y esperar a que no sea vetada por el presidente Barack Obama.
Pero el gobierno nicaragüense no se ha quedado de brazos cruzados ante las nuevas amenazas norteamericanas y presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley para la Inversión Pública y Privada, aprobado a principios de este mes.
La legislación busca fortalecer el modelo de desarrollo, facilitando el financiamiento privado de proyectos públicos como la construcción de carreteras, puertos, aeropuertos, edificios públicos y otras instalaciones, incluyendo servicios.
Las autoridades sandinistas han subrayado que no cejarán en su empeño de avanzar en la construcción de un nuevo país, a pesar de los ataques y amenazas norteamericanas que violan el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos.
