Por María Josefina Arce
Una de las tantas preguntas que se hace hoy la sociedad norteamericana es que pasará con los inmigrantes a partir del 20 de enero próximo, cuando asuma la presidencia Donald Trump, quien desde su campaña electoral amenazó con la construcción de un muro con México y la deportación de los once millones de indocumentados, cifra que en los últimos días redujo a dos o tres millones.
Lo cierto es que no ha llegado esa fecha y ya se respira un aire de incertidumbre y temor por el plan migratorio del magnate, cuya elección como presidente, opinan muchos, ha envalentonado a agrupaciones extremistas racistas, incluido el Ku Klux Klan, y grupos neonazis que han festejado el triunfo de Trump como suyo.
De acuerdo con el periódico La Jornada desde el pasado ocho de noviembre se han recibido quejas de más de 400 instancias de intimidación y hostigamiento contra minorías, mientras que el FBI, Buró Federal de Investigaciones, afirmó que durante la campaña electoral se registró un incremento de 67 por ciento en los crímenes de odio contra musulmanes y un alza de 7 por ciento en todos los crímenes de odio.
Ante este panorama nada alentador son muchos los que se han unido para enfrentar el caos que esta política migratoria puede causar. Por todo el país se escuchan voces que llaman a convertir universidades e iglesias en santuarios que brinden protección a los inmigrantes,
Pero además del temor que se palpa por doquier también surgen otras preguntas. Qué pasará con la economía norteamericana, si se deporta a todos los indocumentados. Trump parece olvidar que ellos dan un valioso aporte al crecimiento del país y que en la mayoría de los casos asumen trabajos que no quiere el norteamericano blanco.
Pues bien de acuerdo con el American Action Forum en 2014 los inmigrantes indocumentados representaban un 6,4% de la fuerza laboral del país y la deportación de todos estos trabajadores podría contraer la economía estadounidense en casi un seis por ciento.
Por demás, la expulsión de más de once millones de inmigrantes es una tarea bien compleja y de alto costo. Se calcula que este proceso, que podría extenderse por unos 20 años, costaría 114.000 millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses, un promedio de 10.070 dólares por persona.
Esta cifra incluye el costo de encontrar a cada uno de los indocumentados en todo el país, de su detención mientras espera la deportación, del juicio ante la corte de inmigración y su transporte al extranjero.
El hecho es que a un futuro incierto se enfrentan los inmigrantes, quienes durante los ocho años del mandato del presidente Barack Obama esperaron por la reforma migratoria que prometió durante su campaña y que tuvo siempre la fuerte oposición del Congreso.
Ahora con un órgano legislativo dominado por los republicanos y la asunción en enero de un nuevo presidente con marcada tendencia xenófoba el temor y la incertidumbre crecen.
Claro, habrá que esperar a ver qué pasa, pues si bien muchos se sienten alentados por las posiciones extremas de Trump, también son numerosos los que han mostrado su descontento, incluso los alcaldes de varias ciudades que prometieron defender a sus comunidades de inmigrantes.
