por Arnaldo Musa

Nada nuevo se ha hecho para proteger al ciudadano de uno de los países donde la vida pende de un hilo.

La continuación de los asesinatos de líderes civiles, principalmente de aquellos que luchan para evitar la depredación del medio ambiente por compañías extranjeras, agravan la ya de por si amenazada vida del hondureño, tanto del que reside en la zona urbana como en la rural, principalmente en las recónditas, donde nada lo ampara.

En un reciente comentario en este portal, apuntamos que ya sumaban 111 los asesinatos de los defensores de los derechos humanos en el primer semestre del año, a lo que se agrega la inseguridad alimentaria, el despojo de tierras a los indígenas y afrodescendientes, la falta de oportunidad de un empleo digno, y las amenazas y extorsiones por el crimen organizado y pandillas.

Estos son los principales factores por los que miles de hondureños abandonan su país cada año, una emigración forzosa cuyas verdaderas causas residen en la corrupción e impunidad en todas sus modalidades y niveles.

La prensa controlada por el poder político y económico afirman que la reunificación familiar es el principal motivo de esa “marcha” de miles de hondureños con la idea de llegar al “paraíso”, Estados Unidos, pero muchos de los cuales son víctimas de robos, extorsiones y secuestros que terminan en asesinatos, sin que nadie responda por ello, incluso quienes tienen la obligación de investigar y hasta de proteger.

En este contexto, varias organizaciones religiosas, entre ellas la Pastoral de Movilidad Humana, coinciden en indicar que ha sido toda una tragedia la crisis humanitaria de la niñez migrante que comenzó en el 2014 y se mantiene, pese a desmentidos oficiales, hecho en el que están involucrados los países centroamericanos -a excepción de Nicaragua- y México, el paso obligatorio y donde ocurren los hechos más denigrantes.

No hay una cifra oficial de cuántos pueden llegar con vida y de aquellos a quienes se les secuestra para explotarlos sexualmente o extraerles órganos.

Lo cierto es que esos niños, como el resto de las personas migrantes, no son números, ni son delincuentes, son seres humanos, y hay que recordar que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “migrar es un derecho”.

La violación de los derechos humanos de los hondureños indocumentados y sus familias es culpa de Estados Unidos, la nación explotadora; de México, quien tampoco protege a sus propios ciudadanos como debe ser; pero es en grado sumo responsabilidad de Honduras, de sus políticos corruptos.

Esta situación se agravó luego del golpe de Estado propiciado por Estados Unidos para deponer a un presidente que demostró pundonor y honestidad, electo mediante la utilización de esa democracia propugnada precisamente por Occidente.

Nada nuevo

Este es un panorama que ha sido común en los países donde han dominado los intereses de la oligarquía nacional y los monopolios extranjeros, principalmente norteamericanos, que tienen en la propia Honduras una base de donde salen todo tipo de contrarrevolucionarios, Palmerola.

Este sigue siendo un país sumamente peligroso donde ejercer el periodismo o la carrera de abogado representa un altísimo riesgo de ser asesinado, mientras las autoridades continúan coludidas con el crimen organizado y la tan llevada y traída depuración policial es solo una quimera.

Los menores están expuestos a altos niveles de violencia, perpetrada mayormente por pandillas armadas. Muchos son reclutados o presionados frecuentemente para unirse a estas pandillas, de ahí lo antes expuesto de que muchos niños dejen sus hogares cada año y se dirijan hacia destinos al norte, como México o Estados Unidos, muchas veces sin estar acompañados por adultos.

Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos. El país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años. Las acciones orientadas a reformar las instituciones responsables de la seguridad pública han tenido escasos avances.

La actuación del poder judicial y la policía, en los cuales la corrupción y los abusos son generalizados, sigue siendo en gran medida ineficaz.

Las acciones gubernamentales para investigar y juzgar la violencia contra miembros de estos grupos tuvieron escasos avances en este 2016.
 
El uso de la fuerza letal por miembros de la Policía Nacional constituye un problema crónico. Las investigaciones sobre abusos policiales han estado caracterizadas por la ineficiencia y la corrupción. Se difunde muy poca información al respecto al público y en general prevalece la impunidad.

El presidente Juan Orlando Hernández ha incrementado este año la participación militar en la lucha contra el crimen violento, a pesar de que cuando la intervención militar se anunció en noviembre de 2011 se señaló que esta sería una medida provisoria hasta que se reformara la Policía Nacional.

Las denuncias de violaciones de derechos humanos por militares han aumentado considerablemente desde entonces. Una investigación de Reuters determinó que policías militares han sido acusados de al menos nueve asesinatos, más de 20 casos de tortura y cerca de 30 detenciones ilegales entre 2012 y 2014, y al menos 24 soldados estaban siendo investigados en relación con los asesinatos.

Esta es la Honduras de hoy, donde el ciudadano se ahoga en la corruptela gobernante que envuelve a todas las instancias. Es un diario vivir en el que no se puede vivir, o se muere lentamente, cuando no de forma violenta.

(Tomado de Cubasí)