por Guillermo Alvarado

La llamada política de “pies secos, pies mojados”, establecida por Estados Unidos en 1995 como parte de su arsenal de medidas para estimular las salidas ilegales desde Cuba y que fue causante de numerosas tragedias y objeto de críticas en la comunidad internacional, fue derogada tras la firma la víspera de un nuevo acuerdo migratorio entre los dos países.

Como se recordará, esta práctica consistía en devolver a Cuba a los que fueran interceptados en el mar, pero acoger inmediatamente a quienes lograsen poner pie en territorio estadounidense.

Entre este último grupo también estaban considerados los que arribaran a las fronteras terrestres, de manera particular la de México, o que llegasen en avión, aún sin contar con la documentación requerida para entrar a ese país.

Además de constituir un trato injusto y discriminatorio con respecto a los inmigrantes del resto del planeta, esta política incitaba a muchas personas a asumir riesgos, o hacerlos correr a sus familiares, incluyendo niños, que no pocas veces costaron vidas o sufrimientos innecesarios.

No hay que confundir las medidas de “pies secos, pies mojados” con la ley de Ajuste Cubano, que aún está vigente y es una de las principales causas de la distorsión en las relaciones migratorias bilaterales, pues concede a los originarios de este archipiélago el derecho a obtener residencia al año y un día de su entrada a Estados Unidos, con independencia de los métodos utilizados para llegar.

El nuevo acuerdo también pone fin al programa de admisión provisional, más conocido como “parole”, dirigido a profesionales de la salud cubanos que decidieran desertar durante el cumplimiento de misiones en terceros países.

A partir de ahora Estados Unidos asume el compromiso de dar a los cubanos el mismo tratamiento migratorio que a los ciudadanos de cualquier otra nación y devolver a Cuba, donde serán recibidos, a quienes sean detectados por las autoridades estadounidenses tratando de entrar o de permanecer en ese país de manera irregular en violación a sus leyes.

Se trata sin duda alguna de un paso importante y positivo para conseguir una migración ordenada, segura y legal, así como combatir la trata de personas y otros delitos graves que ponen en riesgo la seguridad nacional, como el secuestro de aviones y embarcaciones.

El gobierno norteamericano seguirá proporcionando un mínimo de 20 000 visas anuales para los cubanos interesados en visitar esa nación.

Se pone fin de esta manera a una etapa irregular estimulada por Estados Unidos que causó tragedias, como el asesinato a sangre fría de cuatro combatientes en la base náutica de Tarará, en el este de La Habana, por un grupo de contrarrevolucionarios que pretendían robar una nave para abandonar el país. Este 9 de enero se cumplieron 25 años de este crimen que conmovió a todo el archipiélago cubano.

Hace falta ahora que el Congreso norteamericano derogue la obsoleta Ley de Ajuste y se habrá avanzado un poco más hacia la normalización de las relaciones bilaterales, un anhelo de ambos pueblos, que ansían vivir en paz y armonía.