por Guillermo Alvarado

El gobierno de Bolivia iniciará en breve un nuevo programa para identificar y localizar a un grupo de ciudadanos desaparecidos durante la dictadura encabezada por el general Luis García Meza, quien gobernó de facto en esa nación sudamericana entre 1980 y 1981.

Durante ese período elementos de las fuerzas de seguridad secuestraron a 65 personas y decenas más fueron asesinadas, entre ellas el dirigente socialista Marcelo Quiroga, de quien se desconoce hasta la fecha el paradero de sus restos.

García Meza dio un golpe de Estado contra la entonces presidenta provisional Lidia Gueiler e inició de inmediato una cacería contra líderes sociales, políticos y sindicales en coordinación con otros regímenes militares de América del Sur, en el marco de la tenebrosa Operación Cóndor, que fue monitoreada y asesorada por especialistas estadounidenses en contrainsurgencia.

Tras ser forzado a dimitir el 4 de agosto de 1981, el militar se fugó a Brasil, donde permaneció oculto hasta 1994 y luego de un prolongado proceso judicial de casi un año, se le extraditó hacia Bolivia y fue enjuiciado por los crímenes cometidos durante su gobierno y condenado a 30 años de cárcel.

Recientemente la justicia denegó un pedido del exdictador de cumplir en libertad vigilada lo que resta de su pena, que finaliza el 15 de marzo de 2025, porque no cumple los requisitos de mantener buena conducta y trabajar en la prisión.

Para colaborar con la búsqueda de los restos de los desaparecidos arribará a Bolivia un grupo de expertos argentinos que trabajará en el departamento de Santa Cruz, donde hay indicios de que fueron enterradas de manera clandestina algunas de las víctimas de la dictadura de García Meza.

La desaparición forzada está considerada como un crimen de lesa humanidad que se sigue cometiendo hasta dar con el paradero de la víctima y se tenga la certeza de cuál fue su destino.

Muchas dictaduras militares de la región practicaron este delito atroz, con el cual no sólo hacían padecer al secuestrado, sino que causaban sufrimiento y terror entre sus familiares durante períodos prolongados de tiempo, incluso de varias décadas.

Hay países, como en Guatemala, donde la cifra de desaparecidos ronda los 45 mil y todavía, a veinte años de que se firmaron los acuerdos de paz, no existe una ley o la voluntad política de los gobiernos para iniciar investigaciones y localizar sus restos para tranquilidad de padres, hijos, hermanos y otros familiares.

En este sentido es loable el esfuerzo realizado por el gobierno del presidente Evo Morales para cerrar una herida abierta en la sociedad boliviana desde hace ya más de 35 años y es ocasión propicia para invitar a otros países de la región a iniciar, o continuar procesos semejantes, en el entendido de que la reconciliación sólo es posible en el marco de la más absoluta verdad, y que esta pasa por la aplicación de la justicia para los culpables y el resarcimiento de las víctimas.