por Roberto Morejón
A poco más de 14 meses de asumir la presidencia, Mauricio Macri se dibuja ante los argentinos como el clásico incumplidor de las promesas electorales que le ayudaron a llegar a la Casa Rosada.
Macri habló de colosales cambios para mejorar el nivel de vida de los argentinos, pero durante 2016 sólo se escucharon noticias sobre alzas del gas y la electricidad, en algunos casos de hasta 500%.
Específicamente los incrementos en el gas, que oscilaron entre 200% y hasta 2000%, fueron frenados en la justicia tras un torrente de amparos interpuestos por pequeñas y medianas empresas y organizaciones civiles.
Argentina quedó impactada por los incrementos de servicios básicos y renglones clave como los combustibles, en medio de una creciente inflación, hoy fijada en 40%.
Para poner en evidencia lo que algunos califican de catástrofe social en ciernes, vale destacar la inseguridad laboral.
Desde que la derechista agrupación Cambiemos tomó el poder en diciembre de 2015, casi doscientas mil personas perdieron su puesto de trabajo y se calcula que en el mercado informal la cifra aumenta de manera alarmante.
La amenaza de desamparo alcanza a la rama del conocimiento.
Primer país de América Latina en construir un satélite de comunicación en 2014 y exportador de tecnología nuclear, Argentina podría dejar atrás su peldaño a la cabeza de las ciencias en la región por falta de financiamiento.
Para los recortes en todos los campos, Mauricio Macri apeló al argumento usual de los regímenes neoliberales, la insostenibilidad de los subsidios, en este caso los implantados por las administraciones de Nestor Kirchner y Cristina Fernández.
La mayoría de los medios de comunicación favorables al gran capital prosiguen con la letanía de que los actuales problemas deben atribuirse a la mala gestión de gobiernos precedentes.
Incluso afirman que los bienes, puestos de trabajo y niveles de consumo de los que se gozaba eran simples ilusiones.
El razonamiento parece absurdo y los argentinos, presionados por la pobreza con impacto en 3 de cada 10 ciudadanos, comienzan a percatarse de la imposibilidad de creer en el discurso oficial.
Esa percepción se expande ante los nuevos contratiempos del Primer Mandatario, investigado por la justicia por presunto perjuicio al Estado en el arreglo de una deuda de la empresa de su familia.
Macri está bajo sospechas por falta de ética pública y un fiscal asegura que el acuerdo con el poderoso grupo económico de su familia es abusivo, inadmisible y equiparable a una condonación del 98% de la deuda.
En medio de una profunda crisis económica, el Presidente argentino ha visto reducido el respaldo que logró atraer con sus quiméricos planes.