Por: Guillermo Alvarado
En la antigüedad cuando un monarca o un miembro prominente de su corte recibía malas noticias, fuesen de la guerra, de las habituales intrigas palaciegas o de cualquier otra naturaleza, la primera reacción era mandar a matar al infeliz que había trasladado el mensaje. Se ve cómo desde entonces molestar al poder con cierto tipo de informaciones era una tarea de gran peligro.
Las cosas han cambiado poco si uno observa los resultados de un resumen elaborado por la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas, un órgano de la Federación Latinoamericana de Periodistas, la FELAP, donde se constata que desde 2006 hasta lo que va de este año en total 401 informadores fueron asesinados, la gran mayoría de ellos por actividades vinculadas con su profesión.
México encabeza por una gran distancia esta macabra relación, con un total de 146 comunicadores muertos en ese período, lo cual lo convierte en el país más riesgoso para quienes cumplen la función social de informar a la población lo que ocurre, analizar sus causas y prever las consecuencias.
Ese país vive una guerra sorda, que ya no puede ser calificada de baja intensidad por las víctimas que provoca, desde que sus gobernantes acataron la disposición de Washington de librar en su territorio el combate al tráfico de drogas y otras formas del crimen organizado, que tienen como objetivo alcanzar el suelo de Estados Unidos donde radica el mayor mercado de consumo de estupefacientes del planeta.
Es un enfrentamiento donde los mexicanos ponen los muertos y Estados Unidos las armas, para beneplácito del complejo militar industrial.
En Honduras antes del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, en 2009, se habían registrado dos asesinatos de periodistas, uno en 2007 y el otro un año después. Luego de la asonada se registró una escalada contra este gremio, de manera particular contra los críticos a las autoridades, y en estos momentos la cifra sube ya a 58, cosa sorprendente para un país que aparentemente vive en “democracia”.
Las cosas tampoco andan bien en Brasil, el gigante sudamericano, donde perecieron 47 comunicadores en los últimos doce años; seguido por Colombia, donde el número de profesionales de la información muertos fue de 38 en ese período.
Otra nación azotada por el flagelo es Guatemala, donde cayeron bajo las balas 30 periodistas, casi todos vinculados con investigaciones sobre corrupción de funcionarios estatales y las acciones del narcotráfico.
En este recuento de la FELAP no aparece Cuba, donde el último asesinato contra un comunicador social ocurrió hace casi exactamente 59 años, el 13 de mayo de 1958, cuando la policía del dictador Fulgencio Batista abatió al corresponsal ecuatoriano Carlos Bastidas Argüello, quien había estado varias semanas en la Sierra Maestra, desde donde reportó las actividades del Movimiento 26 de Julio, dirigido por el Comandante en Jefe Fidel Castro.
Matar al mensajero es aún una nefasta práctica de determinados sectores de poder, que han caído en las redes de la corrupción, cooptados por el impresionante poder financiero del crimen organizado, así como de algunas grandes corporaciones transnacionales que buscan ganancias fabulosas y están dispuestas a pagar o matar para callar la denuncia social y conservar sus privilegios.
