Por: Guillermo Alvarado

Este jueves comenzará en la oriental provincia cubana de Guantánamo un encuentro internacional para promover la paz y rechazar las bases militares que Estados Unidos y otras potencias extracontinentales tienen desperdigadas por gran parte de la geografía de América Latina y El Caribe, las cuales constituyen una grave afrenta a la soberanía y la independencia de nuestras naciones.

La reunión tendrá lugar a poca distancia de la base naval enclavada en territorio usurpado en la bahía de Guantánamo, la única en el continente que existe en contra de la voluntad  del pueblo y del gobierno del país donde está asentada.

Esta cita es ocasión propicia para meditar sobre otras formas de presencia militar estadounidense en nuestros territorios, que en ocasiones pasan desapercibidas del análisis político y periodístico.

No se trata de las más de 30 instalaciones de mayor o menos tamaño reconocidas en varios países de la región, sino de una forma más insidiosa de tener presencia armada e influir en el curso de los acontecimientos tomando como pretexto problemas como el combate al narcotráfico y otras formas del crimen organizado, las migraciones masivas hacia el norte del continente y el terrorismo.

Hace pocos días el gobierno de Guatemala se jactó de que con la ayuda del Pentágono y la Fuerza Antidrogas estadounidense se modernizará una fuerza de tarea conjunta con México para vigilar más de mil kilómetros de la frontera común, por donde pasa gran cantidad de drogas, pero también son ruta habitual de migrantes indocumentados.

El anuncio ocurre poco tiempo después de una extraña y poco publicitada visita, en los últimos días de enero, de Lori Robinson, jefa del Comando Norte de Estados Unidos, su similar Kurt Tidd, del Comando Sur, y la embajadora, Roberta Jacobson, a Honduras, México y Guatemala, donde se entrevistaron con altos funcionarios locales.

Excepto Honduras, ni México ni Guatemala tienen bases militares norteamericanas declaradas, pero es innegable la influencia del Pentágono desde que se militarizó en esas naciones el combate al narcotráfico.

Estas bases ocultas, difuminadas, son una estrategia favorable para el gobierno norteamericano, que escapa así del control del Congreso y de la prensa, así como al rechazo que las bases causan en grupos sociales en los países donde éstas existen.

La industria militar está de plácemes porque aumentan las compras oficiales de estos gobiernos, que son autorizadas bajo el amparo de supuestos acuerdos de cooperación. Durante la administración de Enrique Peña Nieto se incrementaron las importaciones de aviones, helicópteros, camiones pesados y armas de grueso calibre.

Por otra parte, hubo un incremento notable del mercado negro. Algunos analistas estiman que por lo menos dos mil fusiles que son comprados legalmente en Estados Unidos, ingresan diariamente de manera irregular a México para fortalecer la capacidad ofensiva de las bandas criminales. Es decir que los fabricantes de armas obtienen grandes ganancias de ambos lados de la guerra.

Es un tema poco comentado, pero esta nueva forma de penetración militar estadounidense debe ser objeto de mayores análisis para comprender bien todos los riesgos que implica para nuestra soberanía y la seguridad de nuestros pueblos.