Por: Roberto Morejón
Estados Unidos reafirmó su política encaminada a reducir la asistencia al exterior, en este caso a Centroamérica, y de rechazo a los inmigrantes, durante una reunión del vicepresidente del país norteño, Mike Pence, con dignatarios del istmo.
En un foro efectuado en Miami en medio de gritos de personas en las calles contrarias al rechazo anti-inmigrantes, el señor Pence informó sobre un recorte de la ayuda al combate contra el narcotráfico en Centroamérica.
La decisión fue adoptada a pesar de los argumentos de representantes de naciones del istmo sobre la utilización de la zona como tránsito de narcóticos hacia Estados Unidos, el principal mercado del mundo.
Contradictoriamente, Pence auguró que su país “blindará” sus fronteras a los estupefacientes, aunque no explicó cómo lo hará si disminuye el apoyo a sus vecinos del sur.
Expertos recordaron que la Casa Blanca propuso una asistencia a Centroamérica de 468 millones de dólares en el presupuesto para el año fiscal 2018, un monto 28 por ciento menor respecto a la asignación anterior.
El alto representante del gobierno del presidente Donald Trump reiteró la frenética política contra los inmigrantes, sobre todo ilegales, en medio de denuncias de deportaciones de extranjeros residentes en Estados Unidos, a pesar de NO tener cuentas con la justicia.
Las malas noticias ofrecidas por Pence a sus interlocutores en un foro curiosamente denominado “Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en América Central”, se asocian a la incertidumbre reinante en el istmo por la eventual cancelación de un tratado.
El Salvador, Honduras y Guatemala enviaron apremiantes solicitudes a Estados Unidos para que mantenga el Estatus de Protección Temporal, conocido por sus siglas en inglés TPS.
Ese tratado permitió acoger a centroamericanos en su condición de damnificados de catástrofes naturales para que trabajaran en la potencia económica del Norte.
Esas personas se asentaron y envían remesas a sus parientes que con frecuencia constituyen el único soporte financiero dada la pobreza, falta de empleos y violencia prevalecientes en la región.
NO puede olvidarse que si Estados Unidos se niega a renovar el Estatus de Protección Temporal tendrían que regresar casi 260 mil salvadoreños, 86 mil hondureños y 5 mil nicaragüenses.
Las economías de esos países difícilmente puedan absorber un flujo inesperado a sus mercados laborales.
Justa preocupación reina entonces en Centroamérica e incluso en Estados de la Unión donde trabajan decenas de miles de inmigrantes centroamericanos.
Al parecer, el vicepresidente Mike Pence hizo oídos sordos a los argumentos de sus interlocutores centroamericanos reunidos en Miami. FIN
