Por María Josefina Arce (RHC)
Desde 2008 el gobierno de Cuba inició un proceso de entrega en usufructo a particulares y cooperativas de tierras ociosas, encaminado a incentivar la producción de alimentos y dar respuesta a las necesidades de cada cubano.
La medida también estuvo encaminada a reducir la importación de alimentos, con el consiguiente ahorro de divisas que pueden destinarse al mismo desarrollo agropecuario del país o a otras inmediatas necesidades.
Este proceso ha ido sufriendo modificaciones y ha estado acompañado de otras medidas que impulsen el desarrollo del sector agropecuario.
Es así que cuatro años después de iniciado se realizaron nuevos cambios que, en opinión de los especialistas, aseguraron la continuidad de la explotación de las áreas entregadas, estimuló la incorporación, permanencia y estabilidad de la fuerza laboral, así como el asentamiento familiar definitivo.
Entre las medidas adoptadas en ese momento estuvo que los usufructuarios de tierra pudieran vincularse a las granjas estatales para tener la oportunidad de acceder a insumos y servicios, además de comercializar sus producciones.
Asimismo con el fin de incentivar a los productores se determinó que el receptor de la tierra pudiera construir, reconstruir, remodelar o ampliar, instalaciones u otras obras necesarias para el desempeño de su actividad, así como viviendas para beneficio propio y de sus familiares, en apoyo a la producción.
Desde ese momento todas las producciones en el sector agropecuario han experimentado crecimientos, aunque la oferta continúa por debajo de las necesidades. Datos aportados por el Ministerio de la Agricultura dan cuenta de los ritmos de incrementos anuales: 5 % en viandas y hortalizas, 6 % en maíz, 6 % en arroz y frutales, y 8 % en arroz.
A partir de 2016 se aplicaron nuevas exoneraciones de impuestos en el sector agropecuario cubano, en aras de estimular la producción de alimentos, que aunque como demuestran los datos ha registrado una mejoría, es aún insuficiente.
Ahora el Consejo de Ministros ha aprobado nuevas modificaciones a la política destinada a la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas, que posibilitarán una mayor producción de alimentos para el pueblo y de estímulos a los productores del sector no estatal y que responden a las inquietudes planteadas por los campesinos.
Es así que se amplía a 20 años, antes era diez, el plazo de vigencia del usufructo para todas las personas naturales, periodo que podrá ser prorrogado sucesivamente por igual término, en aras de una mayor estabilidad en su trabajo y por ende mejores resultados.
También se amplía la cantidad de hectáreas a entregar. Por tanto las personas que soliciten tierras por primera vez recibirán poco más de 26 hectáreas, en vez de las 13 que se entregaban en un inicio.
Este proceso ha tenido una gran aceptación entre la población, pues además de posibilitar el incremento de la producción de alimentos, ha generado nuevos puestos de trabajo en las zonas rurales.
El estado está muy atento a todo este proceso, pues garantizar la seguridad alimentaria de todos los cubanos es su prioridad.
Es así que en aras de poner en explotación la mayor cantidad de tierras, ha destinado más de 50 millones de pesos en materia de recursos, lo cual se ha patentizado en el otorgamiento de créditos bancarios, tecnologías, maquinarias e insumos, y así lograr mayores rendimientos agropecuarios y humanizar el trabajo de los usufructuarios.