Por María Josefina Arce.

En el año que lleva de mandato, tras las sucias maniobras contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff, el golpista Michel Temer ya ha roto varios récord. Su neoliberal política económica y sus medidas en contra de la mayoría le han granjeado la repulsa de millones de brasileños y, en la actualidad su impopularidad roza el 77 por ciento, una cifra nunca alcanzada por ninguno de sus antecesores.

La realidad es que la desaprobación a Temer ha crecido de forma constante en los últimos sondeos. De 46 por ciento en diciembre pasado se ha disparado a 77 por ciento, de acuerdo con una encuesta dada a conocer a finales de septiembre, sustentada en las respuestas dadas por 2000 personas

Pero ahí no queda la cuestión. Ochenta y nueve por ciento de los brasileños apoya que el actual presidente sea sometido a un juicio por su supuesta participación en una "asociación delictiva" revelada en la causa Lava Jato.

Por el contrario, apenas siete por ciento estimó que, tal y como ocurrió con la primera acusación, por corrupción pasiva, la Cámara baja debía archivar la denuncia, que apartaría a Temer del cargo por seis meses de ser aceptada.

Precisamente esta semana se debate en la Cámara de Diputados la denuncia de la Procuraduría según la cual Temer comandó una organización delictiva que recibió unos 175 millones de dólares por favorecer contratos con la estatal PETROBRAS y otras empresas estatales.

Junto a él aparecen implicados otros directivos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, como los ministros Eliseu Padilha, jefe de Gabinete, y Wellington Moreira Franco, secretario general de la Presidencia, dos de las figuras más cercanas al ocupante del Palacio de Planalto.

Para que se abra un proceso penal contra el jefe de Estado la denuncia debe ser avalada por los diputados con una mayoría calificada de dos tercios, representada por 342 votos de los 513 posibles en el pleno.

En agosto pasado Temer logró impedir que se le iniciara un proceso por corrupción, al obtener un amplio apoyo en la Cámara de Diputados, donde cuenta con una mayoría y que, según se afirma en los círculos políticos, se mantiene firme frente a la nueva denuncia, que sería de ese modo igualmente rechazada, lo que lo habilitaría para seguir en el cargo hasta fines de 2018.

La pasada semana el titular de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados, Rodrigo Pacheco, designó al octogenario Bonifácio de Andrada, del Partido de la Social Democracia Brasileña como relator de la misma en esa instancia, donde comenzará a tramitarse la acusación.

Precisamente el veterano de los diputados federales estuvo entre quienes votaron contra la aceptación de la primera denuncia contra Temer presentada por el ex fiscal general Rodrigo Janot.

El escenario parece ser el mismo, por lo que son grandes las posibilidades de que vuelva a repetirse la historia y Temer se salve de ser enjuiciado por los delitos de corrupción de que se le acusa, pues son muchos los políticos de alto rango implicados.

Pero el hecho es que el 80 % de la ciudadanía brasileña está de acuerdo con que "la corrupción es inaceptable en cualquier circunstancia", y en numerosas ocasiones ha pedido el enjuiciamiento del actual presidente de facto, cuyo proceder daña la imagen de Brasil.